España y Cuba: memoria histórica, intereses en peligro y deuda moral

Las relaciones entre España y Cuba nunca han sido ordinarias. Entre ambas naciones hay historia compartida, sangre, lengua, cultura, emigración, familia, comercio, dolor, nostalgias, heridas y responsabilidades. Cuba fue la última gran posesión española en América. España siguió viviendo en Cuba mucho después de 1898 a través de sus inmigrantes, comercios, asociaciones, apellidos y vínculos afectivos. Desde 1959 hasta hoy, la política española hacia Cuba ha sido una mezcla de cercanía histórica, pragmatismo económico, cálculo diplomático, simpatías ideológicas, gestos humanitarios y, en muchas ocasiones, una insuficiente firmeza moral ante la dictadura comunista.

Antes de 1959, las relaciones entre España y Cuba estaban marcadas por la continuidad de una intensa presencia española en la Isla. Tras la independencia formal cubana de 1902, miles de españoles siguieron emigrando a Cuba. Gallegos, asturianos, canarios, catalanes, vascos y castellanos formaron parte decisiva del tejido social y económico cubano. España ya no gobernaba Cuba, pero Cuba seguía siendo, en muchos sentidos, una prolongación sentimental y humana de España en el Caribe.

Durante la dictadura de Fulgencio Batista, las relaciones con la España de Franco fueron cordiales. Ambos regímenes compartían un lenguaje anticomunista, aunque sus realidades políticas fueran diferentes. Había intereses comerciales, vínculos migratorios y una relación diplomática estable. Nada hacía pensar entonces que, tras la llegada de Fidel Castro al poder en enero de 1959, la España franquista terminaría manteniendo relaciones con una revolución que pronto se declararía marxista-leninista y aliada de la Unión Soviética.

La relación no estuvo libre de choques. En enero de 1960, cuando Fidel Castro, en una intervención televisiva, acusó a la Embajada de España en La Habana de conspirar contra la Revolución y de apoyar a sectores contrarrevolucionarios, el embajador español Juan Pablo de Lojendio vio la intervención, salió hacia los estudios de televisión y se presentó en directo para exigir a Castro que le permitiera responder a su acusación. El joven dictador cubano, acostumbrado ya a hablar durante horas sin contradicción real, se encontró ante un diplomático español que le plantó cara ante las cámaras. La escena terminó con la expulsión del embajador y con una crisis diplomática, pero no con la ruptura de relaciones. Lojendio dejó una imagen poderosa: la de un embajador español enfrentando, en vivo, las acusaciones de un líder autoritario que ya comenzaba a convertir sus discursos en instrumento de dominación política.

Después de la muerte de Franco y el inicio de la transición democrática española, Cuba se convirtió en una prueba para la nueva política exterior de Madrid. Adolfo Suárez visitó La Habana en 1978 y fue el primer jefe de Gobierno de Europa Occidental en hacerlo tras el triunfo de Castro. La visita tuvo un fuerte contenido simbólico: España, que salía de una dictadura y trataba de consolidar su democracia, se acercaba a una Cuba bajo un régimen cada vez más totalitario.

Con Leopoldo Calvo-Sotelo, las relaciones con Cuba tuvieron un perfil más bajo. España estaba concentrada en consolidar su propia democracia, superar el trauma del 23-F, ingresar en la OTAN y afianzar su lugar en Europa. Cuba quedó dentro de la política hacia Iberoamérica en general, sin gestos de confrontación con el castrismo ni iniciativas a favor de la democracia en la Mayor de las Antillas.

Felipe González y la diplomacia de la cercanía personal

La etapa de Felipe González fue más compleja. Viajó a Cuba en 1986 y mantuvo una relación personal intensa con Fidel Castro. Hubo cercanía, largas conversaciones, gestos de amistad y una diplomacia socialista que intentó influir desde la confianza personal. Con el tiempo se han conocido cartas y testimonios que muestran que Felipe González aconsejó a Fidel Castro sobre la necesidad de abrir espacios democráticos y reformar una economía excesivamente rígida.

Felipe González intentó convencer a Castro desde la cercanía, pero no convirtió la libertad de los presos políticos ni el reconocimiento de la oposición en prioridad de la política española. Hubo consejos, advertencias y conversaciones; faltó presión real. La historia demostró que Fidel Castro escuchaba, prometía o polemizaba, pero no cedía en su monopolio del poder.

El gran giro llegó con José María Aznar. Su Gobierno impulsó en 1996 la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba, cuyo objetivo declarado era favorecer una transición hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fue el momento en que España, por primera vez desde la llegada de Castro al poder, consiguió europeizar una política más firme hacia La Habana. Ya no se trataba solo de mantener relaciones históricas, sino de condicionar la cooperación europea a avances democráticos.

Aznar y el giro hacia la presión internacional sobre el castrismo

Aznar fue, entre los presidentes españoles, el que adoptó una línea más claramente crítica hacia el régimen cubano. Su visita a Cuba durante la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana en 1999 tuvo un momento especialmente significativo: su reunión con opositores y representantes de la sociedad civil independiente. Aquella reunión no fue un gesto menor. En el territorio controlado por Fidel Castro, un presidente del Gobierno español escuchaba a los disidentes y les expresaba apoyo a sus aspiraciones de derechos humanos, democracia y libertad.

Ese episodio marcó una diferencia. La dictadura cubana siempre ha buscado presentar a la oposición como inexistente, marginal o mercenaria. Cuando un jefe de Gobierno europeo se reúne con opositores dentro de Cuba, rompe la escenografía del régimen. Les dice a los demócratas cubanos: ustedes existen, ustedes tienen voz, ustedes no están solos.

La Primavera Negra de 2003 reafirmó la naturaleza represiva del castrismo. El régimen encarceló a 75 opositores, periodistas y activistas pacíficos, y fusiló a tres jóvenes cubanos tras un proceso sumario por el intento de secuestro de una embarcación. La Unión Europea respondió con sanciones diplomáticas. En aquella etapa, la línea más firme hacia Cuba estuvo asociada al Gobierno de Aznar y a países europeos especialmente sensibles ante el totalitarismo comunista, como República Checa y Polonia.

Con José Luis Rodríguez Zapatero, la política cambió. Su Gobierno, a través del canciller Miguel Ángel Moratinos, apostó por el diálogo con La Habana, la normalización de relaciones y el levantamiento de sanciones europeas. Sus defensores sostienen que esa política contribuyó a la excarcelación de decenas de presos políticos, especialmente los 52 que quedaban en prisión del Grupo de los 75. Esa gestión tuvo un componente humanitario real: muchos presos salieron de las cárceles y viajaron a España con sus familias.

Pero también tuvo sombras: para muchos opositores no fue liberación plena, sino destierro negociado. Salir de la cárcel para abandonar la patria no es justicia. Y la verdad es que el régimen comunista se vio obligado a excarcelar a los prisioneros políticos por las presiones internacionales luego de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, la represión contra las Damas de Blanco y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas. Moratinos fue criticado por evitar reunirse directamente con la disidencia durante viajes importantes a La Habana y por dar prioridad a la relación con el régimen. La era Zapatero quedó así marcada por una ambigüedad profunda: aparentes gestos humanitarios y una política complaciente con los carceleros.

Con Mariano Rajoy, cabía esperar un retorno pleno a la firmeza de Aznar, pero la realidad fue más tibia. El Partido Popular mantuvo un discurso crítico hacia el castrismo, y Rajoy, antes de llegar al Gobierno, había denunciado con dureza la represión y la existencia de presos políticos en Cuba. Sin embargo, ya en el poder, su política fue menos combativa de lo que muchos opositores esperábamos. El viaje del ministro José Manuel García-Margallo a La Habana en 2014 (y también el de 2016), generó críticas porque no hubo una agenda firme y solidaria con la oposición. Además, bajo el período de Rajoy, España no bloqueó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, que terminaría sustituyendo la Posición Común y que ha resultado muy negativo. Rajoy no fue Zapatero, pero tampoco fue Aznar.

Con Pedro Sánchez, la relación volvió claramente hacia la normalización y la complicidad con el régimen. En 2018, Sánchez realizó la primera visita oficial de un presidente del Gobierno español a Cuba en 32 años. El viaje buscó relanzar vínculos políticos, económicos, culturales y empresariales. España y Cuba acordaron un mecanismo anual de consultas políticas que incluía el tema de derechos humanos. Sin embargo, Sánchez no se reunió con la oposición democrática cubana. Ese dato pesó mucho. En una dictadura, no reunirse con las víctimas mientras se estrecha la mano del poder tiene un significado político inevitable: parcialidad cómplice.

La visita de los Reyes Felipe VI y Letizia a Cuba en 2019 profundizó esa normalización simbólica. Felipe VI defendió públicamente la democracia como modelo político, pero la visita fue vista por sectores del exilio y de la oposición cubana como beneficiosa para el régimen castrista. El Gobierno español argumentó que se trataba de normalizar relaciones con un país históricamente cercano. No puede haber normalidad con una criminal dictadura de partido único.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, la política española quedó nuevamente bajo examen. El pueblo cubano salió masivamente a las calles pidiendo libertad, reclamando alimentos, medicinas, electricidad y fin de la represión. La respuesta del régimen fue cárcel, golpes, juicios amañados y condenas desproporcionadas. España pidió respeto al derecho de manifestación y la liberación de las personas detenidas, pero el Gobierno evitó una firme condena a la dictadura cubana.

La crisis actual: apagones, escasez y represión política

A finales de mayo de 2026, Cuba vive una crisis extrema: apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, deterioro hospitalario, emigración constante, represión política y casi 800 presos políticos en condiciones infernales. España mantiene una política de ayuda humanitaria, cooperación y diálogo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha anunciado envíos de alimentos, kits de higiene, apoyo mediante organismos internacionales, placas fotovoltaicas para centros sociales y colaboración con “actores humanitarios”. También existe un marco de cooperación bilateral con Cuba en áreas de desarrollo, administración pública, productividad, territorio y acción humanitaria.

La pregunta crucial es cómo se canaliza esa ayuda y a quién fortalece. Si la cooperación llegara directamente a la población vulnerable, a través de mecanismos transparentes, organismos internacionales, iglesias, sociedad civil independiente y actores verificables, pudiera aliviar la necesidades y el sufrimiento de muchos. Pero si termina pasando por las estructuras controladas por el régimen, solo sirve para oxigenar a una dictadura que utiliza esos recursos para beneficio de sus fieles y como herramienta de control político.

En la España democrática ha habido políticos y figuras públicas que han sido claramente solidarios con la causa de la libertad cubana. José María Aznar ocupa el primer lugar. Pablo Casado recibió a las Damas de Blanco y prometió liderar en Europa la exigencia de democracia y derechos humanos en Cuba. Albert Rivera e Inés Arrimadas denunciaron la falta de libertades y criticaron la tibieza del Gobierno de Sánchez ante el castrismo. Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Cayetana Álvarez de Toledo y otros políticos del PP han recibido a opositores cubanos y han expresado respaldo a la lucha por las libertades en Cuba. También Santiago Abascal, Hermann Tertsch, Jorge Martín Frías y otros miembros de Vox lo hacen con claridad y firmeza. En la sociedad civil española siempre ha habido voces firmes contra la tiranía cubana.

En el Parlamento Europeo, eurodiputados españoles —especialmente del Partido Popular y Vox— han promovido resoluciones, denuncias y debates sobre los presos políticos, represión, derechos humanos y responsabilidad del régimen cubano. También han existido socialistas españoles críticos con el castrismo, aunque la posición oficial del PSOE en el poder ha tendido más al diálogo amistoso y cómplice que a la defensa firme de los derechos humanos y la democracia.

La tesis de fondo es clara: España tiene una deuda moral especial con Cuba. Ningún país europeo tiene con la Isla una relación tan profunda, tan humana y tan cargada de historia. Precisamente por eso, España no puede comportarse como un actor neutral ante una dictadura que encarcela, reprime y empobrece al pueblo cubano.

España puede y debe ayudar humanitariamente a Cuba, pero no debe fortalecer a la tiranía. Puede y debe mantener canales diplomáticos, pero no debe confundir diálogo con complicidad. Puede y debe defender a sus empresas -que ya se están retirando de la Isla ante las presiones estadounidenses-, pero no a costa de ignorar que operan en un sistema sin sindicatos libres, sin tribunales independientes, sin prensa libre y con una economía controlada por militares y jerarcas del partido único con muchos crímenes en su historial.

La política española hacia Cuba debería tener cinco principios claros: liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; apoyo público y sistemático a la oposición democrática y a la sociedad civil independiente; ayuda humanitaria directa al pueblo, sin pasar por las manos corruptas y represivas del régimen; revisión de toda cooperación que pueda fortalecer al aparato de control; y defensa inequívoca de la transición democrática, elecciones libres, pluralismo político y Estado de derecho.

España no debe esperar al día después de la caída del castrismo para ponerse del lado de la libertad. Si llega tarde, muchos cubanos recordarán que cuando sus hijos estaban presos, sus madres eran golpeadas, sus hospitales colapsaban, sus jóvenes emigraban y los opositores eran torturados, Madrid prefirió demasiadas veces el diálogo complaciente y la prudencia diplomática.

La historia juzgará a España en Cuba no por la cantidad de comunicados que emitió, sino por la claridad con que se colocó del lado de las víctimas. Y la pregunta final es inevitable: cuando Cuba sea libre, ¿cómo querrá ser recordada España? ¿Como la madre patria que acompañó a sus hijos cubanos en la hora de la opresión, o como una potencia cautelosa que mantuvo su amistad con los carceleros mientras los presos políticos eran torturados y hasta morían por desnutrición?

Esa es la gran tarea pendiente de la política española hacia Cuba: pasar de la diplomacia de los intereses -a punto de perderse todos por la errada política actual-, a la diplomacia de la ética y la solidaridad con un pueblo oprimido por una brutal dictadura.

(*) José Daniel Ferrer es opositor y ex preso político cubano. Ha sido torturado por la dictadura castrista cubana.