Los dos laboratorios que usa la DGT para homologar la baliza están vinculados al Gobierno catalán de Illa
La Generalitat de Cataluña tiene el 20% de Idiada y es socia del segundo certificador en otra empresa del sector
Estas sociedades han certificando ya más de 200 modelos de la baliza V16 desde diciembre de 2022
Los dos laboratorios a los que ha recurrido la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ejecutivo de Pedro Sánchez para homologar y certificar los modelos de la baliza V16 –obligatoria en los coches en circulación– están vinculados al Gobierno catalán que preside el socialista Salvador Illa.
Se trata de la firma Idiada Automotive Technology SA, participada al 20% por la Generalitat, y el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO), perteneciente a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, una entidad privada que es socia también del Gobierno catalán en otra empresa del sector denominada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios SL (CEIS).
Cualquier modelo de baliza V16 (hay más de 200 certificados) que necesite ser homologado en el cumplimiento de los requisitos técnicos del dispositivo debe pasar por los peritos de estos dos laboratorios en los que tiene intereses la Generalitat de Cataluña.
En concreto, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, consultados por OKDIARIO, la empresa Idiada Automotive Technology SA, con sede en Tarragona, está participada al 80% por la firma Applus Servicios Tecnológicos SLU, mientras que el 20% restante pertenece a la Generalitat de Cataluña a través de la pública Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña SA (Avançsa). El Gobierno de Illa tiene el cien por cien de esta mercantil.
Fue en julio de 2024 cuando trascendió que la empresa del grupo líder de las ITV y las inspecciones técnicas de vehículos había ganado el nuevo contrato para la gestión de Idiada -algo que ya venía realizando- con una oferta de 428 millones de euros, un importe superior en un 80% al precio inicial de licitación, que fue fijado en 238 millones.
La Generalitat informó entonces que Applus abonaría esos 428 millones, el equivalente al 1% del Presupuesto de la Generalitat, en el mes de septiembre, como así ocurrió ya bajo mandato de Salvador Illa.
Junto a ello, la compañía se comprometió a transferir al Gobierno catalán el 20% de los dividendos generados por Idiada Automotive Technology SA, un canon concesional anual de cuatro millones de euros y un pago adicional correspondiente el 2% del ebitda generado anualmente.
En total, esta transacción,»la principal operación patrimonial de la historia del Govern», en palabras de la propia Generalitat, reportará al Ejecutivo catalán ingresos por valor de más 800 millones de euros –incluidos aquí los 428 millones de la compra del 80% de Idiada– durante los 25 años del contrato, según las estimaciones realizadas.
La oferta de Applus también incluyó otros compromisos como «el aprovisionamiento de materias primas en proveedores con establecimiento manufacturero operativo en Cataluña» o «el desarrollo del ecosistema científico, tecnológico y formativo catalán (por ejemplo, con la propuesta de programas de colaboración de Idiada con los centros de FP de la veguería del Penedès o con los agentes de investigación en Cataluña)».
Una «infraestructura de país»
Para el Ejecutivo catalán, «el complejo de Idiada, situado en Albornar en un conjunto de inmuebles propiedad de la Generalitat, es un activo considerado infraestructura de país y esencial para el futuro del sector de la automoción, que tiene un impacto importante y significativo para la economía y la ocupación de la comarca del Baix Penedès y, por extensión, en Cataluña».
De otro lado, el segundo certificador, el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCEO) pertenece a la FFII (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial), fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1992 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. De hecho, el presidente de la Fundación es el director de turno de dicha escuela, cargo que ahora ostenta Sergio Domínguez Cabrerizo.
Se da la circunstancia de que esta Fundación –que gestiona dicho laboratorio certificador– es socia de la Generalitat de la Cataluña en otra empresa del sector, en este caso, denominada Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, SL (CEIS), cuyo capital social se situó en 2,4 millones de euros al cierre de 2024. Tanto el Gobierno catalán como la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial tienen cada un 5% de la sociedad. La principal participación es de la Asociación Española de Normalización (UNE), con un 85%, y el restante 5% corresponde a la Fundación Tecnalia Research & Innovation.
Código impreso
Estos dos homologadores vienen certificando los distintos modelos de baliza V16 desde el 22 de diciembre de 2022, cuando fue validada la pionera, la inventada por la firma gallega Netun Solutions SL de los dos empresarios ex guardias civiles Jorge Torre y Jorge Costas, y fabricada por la aragonesa Kepar Electrónica SL. En este caso, fue el LCEO quien hizo esta certificación, como refleja el documento que reproduce aquí OKDIARIO. Esta homologación tuvo lugar sólo dos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el real decreto 1030/2022 que permitió la comercialización de estas balizas-
Para saber si una baliza está homologada por la DGT, dirigida por el catalán Pere Navarro y dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, el propio dispositivo debe llevar impreso un código de homologación que incluye un número alfanumérico precedido de LCOE o IDIADA, nombre de dichos laboratorios. Esto es clave para evitar la adquisición de falsificaciones.
Existen más de 200 modelos homologados por la DGT (como puede verse en su página web) y hay decenas de compañías fabricantes de estos dispositivos. Tanto españolas como de origen chino, la mayoría.
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