Directivos socialistas de Sierra Nevada se autopagaban sobresueldos de hasta 13.000 € al año

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 12/03/2019 06:50
  • Actualizado: 12/03/2019 15:35

La Fiscalía investiga los sobresueldos de hasta 13.000 euros anuales que se autopagaban directivos socialistas de la empresa pública Cetursa, la principal gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada. El Ministerio Fiscal también investiga también todo el repertorio de la corrupción socialista en Andalucía, que incluiría la creación irregular de plazas fijas o los viajes y coches alta gama a costa de la sociedad.

La auditoría interna tras la salida de los socialistas de la Junta de Andalucía y el cambio de Gobierno no ha hecho más que empezar y el primer chiringuito ya está tambaleándose: se trata de Cetursa, la principal sociedad gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada. La Fiscalía investiga ya a directivos socialistas y enchufados del PSOE que se autoadjudicaban sobresueldos de hasta 13.000 euros. No se trata de la única gestora pública de la estación de esquí, pero sí de la principal en la que se sospecha que la larga mano de la corrupción ha entrado

Mientras en plena crisis económica no dejaban de llegar los anuncios de falta de personal, de temporalidad excesiva, o de recortes y sueldos por debajo de convenio para los trabajadores no enchufados, lo cierto es que había un cupo de elegidos que disfrutaban de todo lo que querían, tal y como relata el informe de la Cámara de Cuentas emitido en 2016 y que obra ya en poder de la Fiscalía.

En ese informe se detalla con precisión cómo los directivos de Cetursa –bajo control del PSOE– trampearon de forma obscena los controles de la ley de 2012, una norma que fue aprobada en plena crisis para evitar que ningún cargo público ganara por encima de lo establecido para la presidencia de la Junta (menos de 65.000 euros).

El informe señala cómo 56 personas cobraron durante dos años, hasta el ejercicio 2014, retribuciones de alta dirección incumpliendo la ley. Y cómo, sin dejar de cobrar más de lo establecido por esa norma, “las subdirecciones y direcciones se convierten en áreas y sus titulares son cesados como directores y nombrados jefes de servicio con efectos de 31 de diciembre de 2014”, un cambio que les permitió beneficiarse del convenio colectivo al que no tenían derecho y escapar a las limitaciones de sueldo para directivos de entes públicos.

El informe de la Cámara de Cuentas que hoy chequea la Fiscalía no escatima explicaciones: “Evitan así la reducción de retribuciones del personal directivo, con el consecuente menoscabo de fondos públicos”. El mecanismo les permitió a muchos de ellos cobrar un sueldo base de hasta 68.000 euros, sin contar ahí los correspondientes complementos.

Un agujero de 17,9 millones

El grupo de agraciados era amplio: cinco jefes de servicio y 51 directivos a los que la crisis les trajo incentivos, complementos y gratificaciones extraordinarias ni tan siquiera reguladas para los legalmente acogidos al convenio colectivo. El resultado final de la red de empresas vinculada a Cetursa y Sierra Nevada fue visible: a cierre de 2015 presentaban un agujero de 17,9 millones de euros.

Viajes, coches de alta gama, comidas, etc. Todo jalona el escándalo de Cetursa en el que ahora se sumerge la Fiscalía, pero, quizás lo más llamativo sean los escandalosos sobresueldos. Porque “las condiciones laborales que se le aplican a las jefaturas de servicio”, con las que se convalidaron las condiciones los enchufados, “son las establecidas en el convenio colectivo de remontes, con las retribuciones correspondientes a la categoría de Licenciados y Directores de Servicio. Además, a todos los titulares se les abona un complemento en concepto de “incentivo”, que no aparece regulado en el convenio colectivo, con el que se retribuye la especial dedicación por razón del puesto”. Y el importe de ese “incentivo” llegaba a ser notable: «Durante el ejercicio objeto de fiscalización, el importe devengado por este complemento no ha sido el mismo para todas las jefaturas, variando entre un mínimo de 100 € y un máximo de 815 € brutos/mes (15 pagas).

Y todo ello, para colmo, sin haber pasado los trámites legales. Porque el informe destaca que “la modificación de la estructura empresarial y, como consecuencia, la adhesión al convenio colectivo sectorial de los responsables de área, no han sido autorizados por el titular de la Consejería de adscripción ni cuentan con el preceptivo informe favorable de la Consejería de Hacienda”. Porque todo se hacía con plena opacidad.