El constructor ‘Sandokán’ alega a su deuda de 70 millones con Hacienda que no sabe leer ni escribir

El empresario cordobés y ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez Sánchez ‘Sandokán’, a quien el Ministerio Fiscal considera responsable de delitos económicos, ha afirmado que desconocía sus obligaciones tributarias, a pesar de adeudar 70 millones de euros al fisco.

De hecho, según la lista de morosos publicada por Hacienda en diciembre de 2015, Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokan, uno de los mayores constructores de la Costa del Sol e imputado en el ‘caso Malaya’ en sus diferentes empresas tiene deudas con Hacienda que superan los 188 millones de euros.

Tras hora y media de cuestiones previas en la primera sesión del juicio que instruye el magistrado del juzgado de lo Penal número 3 de la capital, Miguel Ángel Pareja, y tras desestimar impugnaciones periciales y prescripción de delitos de uno de los años investigados, la vista ha comenzado con la declaración de Gómez.

El empresario ha dicho que «yo no sé ni leer ni escribir, yo tenía a personas de plena confianza en la oficina, no tengo ni idea».

En su defensa, basada en el desconocimiento total de los aspectos económicos de su entramado empresarial –constructoras, negocios sanitarios, la propiedad del parque de atracciones Tívoli, entre otras–, Gómez ha llegado a decirle al juez que «no sé ni lo que es el IRPF».

Incluso, le ha confesado que hay momentos en la vista en los que «no sé ni de lo que sé está hablando aquí».

El Ministerio Fiscal solicita para Gómez penas que suman 44 años de cárcel por la comisión de 11 delitos contra la Hacienda Pública, entre ellos, relativos al Impuesto de Patrimonio, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como evasión de tributos a la Agencia Tributaria, un total que ascendería a 70 millones de euros.

En la sesión de este lunes, también han declarado cuatro hijos del empresario dedicados al negocio empresarial que han negado también estar al corriente de las obligaciones fiscales del grupo de empresas familiar amparándose en que ellos se dedicaban sólo a su cometido en la empresa y que confiaban en los documentos que firmaban y en las gestiones notariales a las que asistían.

Asimismo, a pesar de que los cuatro eran miembros del consejo de administración del entramado familiar, han asegurado que no asistían a las reuniones a pesar de ser consejeros, que no sabían los beneficios que tenían a final de año, ni los plazos en los que había que dar cuenta de la fiscalización.

También han negado la retirada de ninguna cantidad en efectivo de la empresa y han reiterado a las preguntas de las partes que cobraban sus sueldos, que oscilaban entre 3.500 y 5.000 euros dependiendo del mes.

El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los 4 hijos 22 años de cárcel por considerarlos responsables de participar en hasta 8 delitos económicos que habrían contribuido a la evasión de hasta 70 millones de euros, el mayor delito económico investigado en Córdoba hasta la fecha.