El Constitucional mantiene suspendido por unanimidad el ‘Diplocat’ de Torra

«La vigencia del plan impugnado podría ocasionar unos perjuicios a la política exterior española que, en el caso de que finalmente fuera declarado inconstitucional, serían de imposible reparación», ha afirmado así de contundente el Pleno del Constitucional. Los magistrados ha del Tribunal de Garantías han acordado por unanimidad mantener suspendido el Acuerdo de 25 de junio de 2019 por el que la Generalitat de Cataluña aprobó su ‘Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea’ entre 2019 y 2022. Dicho acto administrativo ya se encontraba provisionalmente cancelado, desde el pasado 30 de octubre de 2019, al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.

Los miembros del Pleno del Constitucional han considerado que el plan menoscaba la posición y la imagen internacional de España. A su juicio -y pendiente de que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, a raíz del recurso presentado por el Gobierno contra el mismo- el mencionado plan tiene como finalidad la promoción internacional de Cataluña, como si de un estado independiente se tratase, en detrimento del interés general que se expresa en la acción exterior española.

Además, los magistrados sostienen que «el plan recurrido puede crear la apariencia de que Cataluña es un sujeto de derecho internacional, lo que determinaría que se establecieran aparentes relaciones internacionales difícilmente reversibles si finalmente se declarase que el plan impugnado es inconstitucional”. Y, sin embargo, diferencian que si bien nada impide, pese a la suspensión, que Cataluña siga llevando a cabo actividades de promoción en el exterior, no puede hacerlo de acuerdo a los objetivos de un Plan que vulnera, presuntamente, la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.

Propaganda internacional 

La Generalitat de Cataluña diseñó el documento en un nuevo intento de extender su propaganda ideológica. Torra continúa con el desafío separatista y sabe de la importancia de divulgar un relato acorde a sus aspiraciones. Por ello quiso impulsar una red de «creadores de opinión» ante organismos internacionales, entre otras acciones contenidas en el ‘Plan de Acción Exterior’ que el presidente del Ejecutivo catalán presentó el pasado mes de junio de 2019, por período de cuatro años, y que el Gobierno socialista, entonces en funciones, ya le advirtió que recurriría ante el Tribunal Constitucional, como ha sucedido.

Hasta la fecha, Torra no ha modificado ninguno de los aspectos que exceden de sus competencias autonómicas en materia de promoción internacional de la comunidad autónoma de Cataluña.

En el documento oficial, se recoge cómo la Generalitat trabajaría para conformar una colonia de ‘influencers’ -afines a las aspiraciones independentistas del actual Ejecutivo catalán– cuyo objetivo era el de  «informar sobre la realidad catalana» , a través de «mecanismos de comunicación permanente» y «periódica» en diferentes foros extranjeros.

Torra quiso «facilitar información sobre la actualidad catalana», en tiempo real, a los principales actores políticos y económicos «europeos e internacionales». Especialmente, «por medio de las delegaciones del Govern y oficinas sectoriales», como ‘Diplocat’, con las que todavía cuentan activas los separatistas catalanes fuera de España.

Para ello, desde la Generalitat se mantendría «un contacto fluido con creadores de opinión, alrededor del mundo» que fuesen capaces de ofrecer «información constante y actualizada sobre la realidad catalana en diferentes idiomas». Los mensajes irían «dirigidos a la prensa internacional y a los medios de comunicación extranjeros», rezaba el documento.

Mesa negociadora

Así las cosas, y en medio de la mayor crisis sanitaria de la democracia española, Pedro Sánchez aprovechó para avanzar en su negociación con el Govern separatista de Quim Torra. El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado mes de abril, la designación de los representantes del Estado en la comisión bilateral Generalitat-Estado.

Dicha comisión, conformada por seis miembros de cada administración, está recogida en el artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y se trata de un órgano de permanente relación entre los gobiernos de la Generalitat y el Estado para evaluar el funcionamiento de las competencias que tiene transferidas el Gobierno autonómico catalán.

La delegación del Estado, según lo aprobado en el Consejo de Ministros, la encabezará la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, entonces de baja por positivo en Covid-19. Además de Darias también estarían presentes la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y los secretarios de Estado de Política Territorial, Hacienda y Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.

Por su parte, la representación catalana la presidiría el nuevo consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé. También participarían el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el secretario de Acción Exterior y el delegado del Govern en Madrid, Gorka Knorr, cuyo Plan de Acción continuará, por orden del Constitucional, suspendido.