El CGPJ intenta frenar el asalto de Sánchez al Constitucional con un Pleno para elegir a sus dos jueces

El Consejo General del Poder Judicial ha convocado un Pleno extraordinario para el próximo jueves, 27 de diciembre, para celebrar una segunda votación a fin de elegir a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional con los magistrados del Tribunal Supremo  César Tolosa y María Luisa Segoviano como aspirantes. Estos candidatos han sido designados por los vocales propuestos por el PP, pero ahora la última palabra la tiene el bloque de izquierdas que en las últimas reuniones ha bloqueado la elección de los magistrados.

Este martes los vocales del CGPJ también se reunieron con el fin de llegar a un acuerdo y desbloquear la renovación del órgano de garantías, que Pedro Sánchez está dispuesto a asaltar con leyes inconstitucionales. Pero fue la mujer de Cándido Conde-Pumpido, la vocal Clara Martínez Careaga, quien bloqueó el acuerdo al que estaba dispuesto a llegar el órgano de gobierno de los jueces para renovar a los cuatro magistrados del Constitucional cuyos mandatos vencieron el pasado 12 de junio.

Y es que la Corte de Garantías tiene que renovar a cuatro magistrados: al presidente, Pedro González-Trevijano; al vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y a los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. El Gobierno, que tiene un claro interés de tomar dicho órgano, ya ha nombrado a los dos que le corresponde al Ejecutivo, estos serán el ex ministro socialista Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial debe nombrar a los suyos. Los vocales propuestos por el PP han elegido como candidato al magistrado del Supremo César Tolosa y los propuestos por el PSOE han propuesto al magistrado también del Alto Tribunal Jose Manuel Bandrés.

Sin embargo, los ocho vocales propuestos por los populares no apoyan a Bandrés por una razón clara: apoyará a Cándido Conde-Pumpido a la presidencia del Constitucional. Un cargo que el propio Gobierno de Sánchez ya le ha prometido al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Con el fin de evitar que Pumpido llegue al máximo puesto en el órgano de garantías y entregue el Constitucional a los socios independentistas de Sánchez, el bloque de los propuestos por el PP han ofrecido dos alternativas para llegar a un acuerdo con los izquierdistas y conseguir la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional.

Parar el asalto

Los diez vocales propuestos por el PP propusieron primero a Pablo Lucas. El hermano de éste, el vocal Enrique Lucas, se apartó de la votación porque entendía que había un «conflicto de intereses». Sin embargo, la mujer de Cándido Conde-Pumpido que debía haberse apartado, puesto que si sale el candidato Bandrés su marido se asegura la presidencia del Constitucional, se negó a hacerlo. De haberlo hecho, se hubiese reducido el quórum y de dieciocho vocales se habría pasado a dieciséis, de esa manera la propuesta de los diez vocales conservadores habría salido adelante y hoy ya estaría renovado el Tribunal Constitucional consiguiendo parar de manera definitiva el asalto de Sánchez al máximo intérprete de la Carta Magna.

Antes de que Sánchez decida por una proposición de ley o proyecto de ley cambiar las mayorías exigida al CGPJ de tres quintos para que Bandrés vaya al Constitucional y finalmente culminar su plan de convertir a Pumpido en presidente, los vocales propuestos por el PP ofrecen una nueva alternativa al bloque izquierdista: María Luisa Segoviano.

Nueva candidata

Segoviano, tal y como adelantó OKDIARIO, fue la primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo. Natural de Valladolid. Es licenciada en Derecho y recibió el premio extraordinario de licenciatura de la Fundación Lasalle-Boluda. También posee el símbolo distintivo de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Segoviano ingresó como magistrada en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo. El pasado mes de octubre se jubiló, por tanto su elección no ocasionaría un perjuicio en el tribunal que se encuentra bajo mínimos después de que el Gobierno, a través de una ley inconstitucional, haya prohibido a los vocales del CGPJ realizar nombramientos mientras está en funciones.