El ‘caso Dina-Iglesias’ provoca que se suspenda la declaración del nº 2 de Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

Marcha atrás en una pieza clave del caso Villarejo. El ex secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, no va a declarar sobre la partida procedente de los fondos reservado destinada a recuperar los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. El magistrado Manuel García-Castellón ha suspendido su citación, que estaba prevista para este lunes, después de que Martínez lo solicitara tras anunciar que no iba a declarar. El motivo: el escándalo de la connivencia de los fiscales del caso Villarejo con Podemos.

El ex número 2 de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se fía de los fiscales anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa y duda que realmente «velen por la legalidad y no por los intereses del partido liderado por Pablo Iglesias», según fuentes consultadas por este periódico.

Esta incertidumbre tiene su origen tras salir a la luz los chats del equipo jurídico de Podemos que demuestran que el partido morado y los fiscales se confabularon para destruir a Eduardo Inda y a OKDIARIO en el marco de las investigaciones seguidas en el caso Dina-Iglesias. Del contenido de los mensajes internos se desprende una coordinación entre los abogados de Podemos y los fiscales anticorrupción para beneficiar al partido morado a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer al vicepresidente del Gobierno.

Para ello utilizaron diferentes artimañas como pasar información a los letrados del partido morado mientras se encontraba bajo secreto de sumario. Un hecho por el que se ha abierto una investigación penal contra el fiscal Stampa por un presunto delito de revelación de secretos.

«¿Cómo puede fiarse ahora Martínez de que los fiscales busquen conocer la verdad sobre lo ocurrido en el marco de la pieza Kitchen, en la que está investigado, y –por el contrario– no actúen buscando el beneficio de Podemos?», plantean fuentes próximas al ex secretario de Estado.

Fondos reservados

Lo cierto es que Martínez pretendía esclarecer las dudas existentes sobre el uso de fondos reservados, partida presupuestaria que el Ministerio del Interior asigna para combatir el terrorismo y el narcotráfico, en el operativo policial entre 2013 y 2015 para espiar a la familia del ex tesorero popular y recuperar documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

De hecho, el ex secretario de Estado de Seguridad solicitó al juez que pidiese al Consejo de Ministros autorización para hablar de estos hechos protegidos por la Ley de Secretos Oficiales que establece el carácter reservado de las actividades del CNI. Quería contarlo todo pero sin incurrir en un delito de revelación de secretos.

El instructor requirió a la Abogacía del Estado, personada en esta pieza separada número 7 de la macrocausa Tándem, que se pronunciara al respecto. Los servicios jurídicos del Estado se mostraron favorables a que Martínez desvelara los entresijos de la conocida como operación Kitchen sin los límites de la ley de secretos oficiales.

Este miércoles el Consejo de Ministros autorizó a Martínez para declarar sobre la materia declarada secreta y el juez le citó en el marco de estas diligencias para que acudiese a las dependencias de la Audiencia Nacional el próximo lunes.

La desconfianza hacía los fiscales anticorrupción han trucado esta declaración que era clave en la pieza más sensible del caso Villarejo y que está bajo secreto de sumario. Esta circunstancia es otra de las razones por las que Martínez ha decido no hablar. Lo hará cuando se levante todo el secreto y conozca qué indicios pesan contra él.

Espionaje a Bárcenas

Martínez aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para llevar a cabo la operación de espionaje a la familia del ex tesorero popular. El conductor recibió 48.000 euros a lo largo de dos años, un dinero procedente de los fondos reservados.

Además de sobornar al chófer para que realizara una labor de ‘topo’, también pactaron con el delincuente Enrique Olivares el pago de una cantidad procedente de los fondos reservados a cambio de ejecutar el asalto a la vivienda de los Bárcenas. El objetivo era recuperar tres pendrives con información sensible del Partido Popular. Los responsables del plan adelantaron al mercenario 10.000 euros de los fondos y le prometieron otros 40.000 euros si la misión culminaba con éxito, algo que finalmente no ocurrió.