Carta de los guardias civiles a Marlaska: «La regularización masiva sin antecedentes penales es un riesgo»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 10/02/2026 16:32
  • Actualizado: 10/02/2026 19:23

Los guardias civiles estallan contra la regularización masiva de extranjeros del Gobierno de Pedro Sánchez sin exigir antecedentes penales: «Está en riesgo la Seguridad». Así lo advierten hasta cinco asociaciones de guardias civiles en una misiva enviada este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las asociaciones AUGC –la mayoritaria–, Jucil, AEGC, la Unión de Oficiales, ASES-GC y la Asociación de Cabos expresan su preocupación ante «una modificación normativa gravísima» que permitiría la regularización de extranjeros sin acreditar oficialmente la carencia de antecedentes penales, sustituyendo certificados por declaraciones responsables.

Se trata de la modificación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dirigido a facilitar la regularización de los migrantes que reúnan una serie de requisitos.

Dicho «Esto debilita los controles, compromete la seguridad ciudadana y pone en riesgo directo a los agentes encargados de garantizarla», sostienen. Y reclaman formalmente a Marlaska, «como máximo responsable de la Seguridad», que se oponga en el Consejo de Ministros a «la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros» al incorporar dicho apartado que permitiría a los inmigrantes eludir la presentación de certificados oficiales de antecedentes penales.

El proyecto de Real Decreto contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales.

Las asociaciones denuncian que esta medida «deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad, encargados de garantizarla». Asimismo, advierten que es una «puerta abierta» para incorporar a la sociedad española a individuos que «pueden ser delincuentes, incluso por delitos muy graves».

Estas asociaciones de guardias civiles subrayan que «no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores».

La regularización más laxa

Como ha informado recientemente OKDIARIO, esta regularización exprés y masiva es la más laxa de la historia: bastará un billete de autobús. Podrán acogerse todas aquellas personas que antes del 31 de diciembre de 2025 hubieran solicitado protección internacional o llevaran cinco meses en España. Para demostrarlo no será necesario el empadronamiento.

Se aceptarán documentos de todo tipo, como informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, justificantes de envíos de dinero, billetes de transportes o contratos de alquiler, entre otros.

Lo que dice el texto

El artículo único del proyecto, en su apartado uno, modifica la disposición transitoria quinta (autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo, incorporando como requisitos, entre otras cosas, «carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores en los que haya residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España, por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español», así como «no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública».

En caso de que los antecedentes penales en España fueran cancelables, el órgano competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que, antes de emitir resolución del procedimiento, se proceda a su cancelación.

En el supuesto en que el solicitante se encontrara en disposición de cancelar los antecedentes penales en España, la Administración General del Estado requerirá al solicitante para que, antes de emitir resolución del procedimiento, se proceda a la cancelación de los mismos.

En su misiva al ministro, estas cinco asociaciones de guardias civiles ponen el foco en que dicho requisito, sin embargo, «queda relativizado por lo dispuesto en el apartado 10, que señala que «con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».

«En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En ese caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países», añade el proyecto.

Este apartado, y en especial el segundo párrafo en el que se sustituye una certificación de antecedentes penales por una declaración responsable, es el que los guardias civiles exigen suprimir del texto final.

«No puede admitirse la regularización de personas que no ofrece todas las garantías sobre sus antecedentes penales, que pueden suplir mediante un documento firmado por ellos», concluyen, reclamando al ministro que actúe ante este «peligro».