Carlos Sosa dice que «nunca se pagó en negro» a la empleada de hogar de Victoria Rosell

Carlos Sosa ha remitido una carta a este medio dando su versión de los hechos y acogiéndome a lo previsto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, en alusión a las noticias publicadas los días 21 y 28 del corriente bajo los titulares ‘La empleada del hogar de Victoria Rosell denuncia que le pagaba en negro y la despidió por una baja médica’ y ‘Un juez del PSOE ordenó a la UDEF investigar si la empleada del hogar extorsiona a Victoria Rosell’.

Simona Chambi fue denunciada ante la Policía Nacional por un presunto intento de chantaje de 10.000 euros un día después de que Carlos Sosa recibiera una papeleta de conciliación interpuesta por ésta y cinco días antes del acto de conciliación previo a su demanda laboral.

Simona Chambi, que hasta julio pasado prestaba sus servicios profesionales en la vivienda de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y su familia ha presentado una demanda (que no denuncia) laboral en la que se refiere única y exclusivamente a un supuesto despido improcedente.

La señora Chambi no ha recibido uno solo de sus salarios en dinero negro porque todos ellos se le abonaron mediante ingresos en su cuenta corriente.

A la señora Chambi se le facilitó copia de su contrato, entregado en cuanto la gestoría administrativa lo tramitó ante la autoridad competente.

A la señora Simona Chambi no se le obligó a realizar tareas distintas a la de una empleada de hogar, y menos que se le obligara a hacerlo durante sus vacaciones pagadas, que se les respetaron siempre de acuerdo con su contrato y la legislación laboral aplicable.

No es cierto que el juez haya pedido a la Policía Nacional que investigue a la señora Chambi. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, presentó una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía el 18 de julio de 2020, un día después de que Carlos Sosa recibiera una papeleta de conciliación en la que se incluía una reclamación de 10.000 euros. Pretensión que no solo fue considerada un chantaje por la denunciante, sino también por la Policía, que fue quien la judicializó tras tomar declaración a Carlos Sosa, pareja de la denunciante y empleador de la denunciada, y a la propia Simona Chambi, que fue citada a declarar el mismo día que declaró el señor Sosa.

El atestado de la Policía fue enviado a los juzgados y por reparto ha recaído en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo actual titular, Arcadio Díaz Tejera, no ha practicado hasta el momento ninguna diligencia de averiguación sino una causa de abstención de esa oficina por tratarse de la que ocupó durante años la señora Rosell.