Puigdemont baraja adelantar elecciones y poner la urna del referéndum ilegal junto a la del Parlament
Carles Puigdemont ya tiene un plan b para evitar que el Gobierno aborte su nuevo referéndum de independencia precintando los colegios electorales. El presidente de la Generalitat se plantea adelantar a este año las próximas elecciones autonómicas catalanas y hacerlas coincidir con la celebración de su consulta ilegal.
Es decir, los electores encontrarían en el colegio electoral dos urnas: una para elegir a sus representantes en el Parlament y, al lado, otra para votar por la independencia. Se trataría de una forma de conseguir una participación más elevada y de legitimar el referéndum ilegal, incorporándolo al proceso democrático de las elecciones autonómicas.
Algo que en estos momentos preocupa especialmente al presidente de la Generalitat, consciente de que su ansiada declaración de independencia sólo podrá salir adelante si es avalada por una parte de la comunidad internacional.
En este sentido, el ya ex juez y ex senador de ERC Santi Vidal presumió en sus charlas de que más de una decena de gobiernos europeos (casi todos ellos, procedentes del desmembramiento de la Europa del Este) se han comprometido a reconocer una hipotética república catalana.
Cuatro elecciones en ocho años
Carles Puigdemont ya ha planteado a sus socios de ERC la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para hacerlas coincidir con el referéndum soberanista, que inicialmente se había anunciado para el próximo mes de junio.
Se trataría de las cuartas elecciones autonómicas catalanas que se celebran en ocho años, lo que demuestra que el proceso soberanista se ha convertido en una permanente huída hacia adelante. Antes de agotar sus dos primeros años como presidente de la Generalitat, Artur Mas convocó las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 intentando capitalizar el éxito de la manifestación independentista del 11S.
En realidad, aquellos comicios marcaron el inicio del declive de Convergència, que cayó de los 62 a los 50 escaños. De nuevo, antes de agotar el mandato, Mas adelantó las siguientes elecciones autonómicas al 27S de 2015, con el compromiso de acelerar el proyecto de independencia. Esta vez, el antiguo partido de Jordi Pujol intentó camuflar su fracaso presentándose junto a ERC dentro de la coalición Junts pel Sí, que se quedó a tres escaños de la mayoría absoluta.
Ante este resultado, Convergència aceptó sacrificar la cabeza de Artur Mas para garantizarse el apoyo de la CUP: Carles Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat en enero de 2016. Y ahora, tan sólo un año después, plantea la posibilidad de convocar nuevas elecciones anticipadas para escapar del callejón sin salida en el que se encuentra su Ejecutivo.
Juicio contra Mas por el golpe del 9N
Puigdemont pretende huir así, también, del bloqueo al que le tienen sometido los radicales de la CUP, que finalmente han aceptado apoyar los presupuestos de la Generalitat de 2017, pero a cambio de nuevas contrapartidas. El gran riesgo de las elecciones anticipadas es que pueden suponer el descalabro definitivo de CDC (ahora PDeCAT), cuya debilidad ha sabido aprovechar el líder de ERC Oriol Junqueras, decidido a heredar la Presidencia de la Generalitat.
Durante sus meses de gobierno, Carles Puigdemont no ha conseguido sacudirse la imagen de ser un mero testaferro político de Artur Mas, quien ya a anunciado que está dispuesto a ser de nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero sólo cuando sea realidad la República catalana.
Este lunes comienza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el juicio contra Mas y las conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por haber organizado el referéndum ilegal del 9N. En el juicio declarará como testigo el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, quien también está imputado por los mismos hechos, pero en el Tribunal Supremo dada su condición de aforado.
Conscientes de que la movilización independentista se deshincha, los dirigentes de Convergència y ERC han llamado a sus seguidores a echarse a las calles durante la celebración del juicio, en apoyo de los imputados. Se trata del nuevo desafío de los soberanistas a la Justicia.
Objetivo: huir de la Justicia española
El último torpedo en la línea de flotación del «proceso» ha sido la operación policial llevada a cabo esta misma semana contra el cobro de comisiones del 3% por parte del partido de Mas y Puigdemont, que ha dejado al descubierto la tupida red de corrupción política tejida por esta formación a lo largo de las últimas décadas.
Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sigue cerrando el cerco en torno a la fortuna oculta por la familia Pujol en varios paraísos fiscales: algo que explica las prisas de los políticos convergentes por declarar la independencia para huir de la Justicia española.
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