Bolaños incumple la exigencia de los jueces del Supremo de dar estabilidad a la plantilla del Tribunal

El Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, se mantiene tajante en no atender la histórica reivindicación de los magistrados del Tribunal Supremo de dotar de estabilidad a la plantilla del alto tribunal. A pesar de las reiteradas peticiones realizadas por la Sala de Gobierno, compuesta por el presidente, los presidentes de sala y varios vocales, el departamento del Gobierno de España competente en esta materia tiene condenado al personal de refuerzo del Gabinete Técnico a la más absoluta precariedad.

«No es atractivo venir a trabajar como letrado al Supremo, Madrid es muy caro y el sueldo no está proporcionado a ello. Personas de mucho talento prefieren irse del Supremo a puestos mejor retribuidos. Llegan aquí por el prestigio que da trabajar en el Supremo, pero acaban yéndose y es una pena», comentan fuentes judiciales a OKDIARIO. Remarcan que los contratos se firman por seis meses y eso no da estabilidad para tener una vida personal.

El Supremo pide que el plan de refuerzo activado tras el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mantenga el tiempo necesario a pesar de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Aunque han arrancado los procesos para cubrir las plazas que permanecían vacantes, dado que la situación anómala ha generado una importante acumulación de asuntos, los refuerzos deben permanecer. Un tercio de los despachos de jueces del Supremo están vacíos por la situación de bloqueo en el CGPJ.

El personal funcionario, indican fuentes jurídicas, está mejor retribuido en cualquier órgano judicial de las comunidades autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia que en el Supremo. La diferencia es aún mayor en los Juzgados de Instrucción, donde se cobran las guardias.

Esta situación se extiende a los letrados del Gabinete Técnico, cuya retribución salarial anual neta es muy inferior a la de los de órganos constitucionales como el CGPJ o el Tribunal Constitucional. A esto se suma la desigualdad salarial entre letrados coordinadores en función de su cuerpo de origen, ya que los de procedencia no judicial no perciben el mismo complemento de destino.

En este marco, la Sala de Gobierno ve necesaria un Ley del Estatuto del Gabinete Técnico del alto tribunal. Se trata de un mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial en vigor desde el año 2015. Para reparar esos agravios apuestan porque Bolaños promueva incentivos económicos y profesionales que hagan del Supremo un lugar atractivo para letrados y funcionarios.

Otra reclamación del Supremo que Bolaños sigue sin cumplir es crear un equipo propio de Informática que permita la asistencia inmediata ante cualquier problema. Ahora mismo, el servicio tecnológico del tribunal está dotado de muy escaso personal y para resolver cualquier tema hay que lanzar una incidencia en el Centro de Atención al Usuario (CAU) y esperar la contestación de este, lo que puede alargar innecesariamente la resolución de situaciones urgentes.

Esta situación, que se arrastra desde hace años, «está afectando al normal funcionamiento del tribunal», según denuncian fuentes judiciales consultadas. La falta de magistrados titulares obliga a recurrir constantemente a jueces en comisión de servicios, una solución temporal que, entre otros problemas, complica el objetivo de dar continuidad a la doctrina jurisprudencial y genera inseguridad en la toma de decisiones.

«Es incomprensible que el Ministerio no atienda una demanda tan básica para el buen funcionamiento de la justicia», comentan en altas instancias del Supremo. «La estabilidad en la plantilla es fundamental para mantener la calidad y coherencia de nuestras resoluciones», agregan.

El Consejo General del Poder Judicial ha respaldado en varias ocasiones esta petición, recordando que la situación actual compromete la capacidad del Tribunal Supremo para cumplir adecuadamente su función constitucional como máximo órgano jurisdiccional.

Desde el Ministerio de Justicia alegan de forma recurrente problemas presupuestarios y de procedimiento. En todo caso, los magistrados consideran que se trata más bien de una falta de voluntad política que de verdaderos impedimentos técnicos o económicos.

La situación es especialmente grave en las salas Civil y Contencioso-Administrativa, donde la carga de trabajo es mayor y las vacantes han provocado retrasos en la resolución de asuntos de especial trascendencia jurídica y social. La máxima instancia judicial del país está en un momento crítico y los jueces quieren sentar las bases para un futuro de estabilidad. El objetivo pasa por evitar los parches temporales y garantizar la calidad y uniformidad de sus resoluciones. No quieren hacer malabares para mantener los tiempos de respuesta. Muchos de ellos ahora, por la falta de personal, tienen que adelantar trabajo el fin de semana para ir más holgados de lunes a viernes.

«No pedimos nada extraordinario. Sólo queremos que se cumplan las previsiones legales y se dote al tribunal de los medios humanos necesarios para desarrollar su labor con garantías. Es una cuestión de responsabilidad institucional», vienen a comentar de forma generalizada los jueces del Supremo.