España

Un bisnieto de Bohórquez Vecina acusa de «totalitarismo» a Sánchez tras exigir su exhumación

El alcalde de Sevilla exige a la Macarena exhumar a Queipo mientras la Hermandad se muestra «dividida»

El sacerdote jesuita Antonio Francisco Bohórquez, bisnieto del militar Francisco Bohórquez Vecina, cuya exhumación urgente ha solicitado este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez, ha calificado de «soft totalitarism [totalitarismo blando] en toda regla» la carta en la que el Ejecutivo obliga a la Hermandad de la Macarena en Sevilla a desenterrar a su familiar de la basílica de la Esperanza Macarena.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el jesuita ha criticado la misiva remitida a primera hora de este lunes por parte del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, al Hermano Mayor de la Hermandad de La Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, para que proceda a dar cumplimiento a la Ley de la llamada «Memoria Democrática» mediante la exhumación y posterior traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina.

«Durante los últimos años, la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales», añade la misiva.

El religioso destaca que «reconciliar tiene más que ver con acoger la parte de verdad del otro que con reivindicar la tuya» y se muestra «cada vez más convencido de que lo que estamos viendo con la Ley de Memoria Democrática no es sino el resultado enfurecido de haberse negado la derecha española a haber contribuido a hacer un sano ejercicio de memoria».

«Entierro digno»

«Tan indigno es sacar a los muertos de sus tumbas como no reconocer la necesidad de los familiares de quienes se encuentran en fosas comunes de darle un entierro digno y así reparar las heridas acumuladas durante décadas», ha añadido.

El sacerdote ha lamentado, asimismo, que se haya prohibido «enterrar dignamente a nuestros muertos» y que ahora se diga «donde deben descansar». «No van a parar», ha señalado.

La carta remitida desde el Gobierno hace hincapié en que el objeto de la Ley de Memoria incluye el reconocimiento de quienes «padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978».

Y, en concreto, hace alusión al artículo 38.3 que establece que «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la dictadura».

En este mismo sentido, también se refiere al artículo 35.5 que señala que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».