Bildu recrudece su persecución a Policía y Guardia Civil: pide a Sánchez la lista de muertos en calabozos

Bildu ha recrudecido su persecución contra la Policía Nacional y la Guardia Civil. El partido proetarra encabezado por Arnaldo Otegi ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la lista de «muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos de comisarías o cuarteles». La formación de la izquierda abertzale lo ha solicitado a través de una pregunta parlamentaria.

Jon Iñarritu, diputado de Bildu en la Cámara Baja, ha presentado una iniciativa en el Congreso para solicitar el «número de muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos de comisarías o cuarteles de las FCSE [fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado], así como durante actuaciones policiales por parte de las FCSE durante los últimos cinco años».

En primer lugar, la formación de la izquierda abertzale ha instado a conocer los fallecimientos que han ocurrido en los últimos cinco años «bajo custodia policial o en calabozos de comisarías o cuarteles». Concretamente, el representante de Bildu insta al Ejecutivo a detallarle «fecha, lugar y motivo» de los hechos.

Por otro lado, se insta a dar esos mismos detalles, pero, en este caso, relativos a las muertes que se han producido «durante actuaciones policiales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante los últimos 5 años».

No es la primera vez que el partido de Otegi se interesa por conocer detalles que, posteriormente, pueden utilizarse como crítica contra la Policía o la Benemérita. En el pasado, el Gobierno de Sánchez, sostenido gracias a los seis votos de Bildu, nunca le ha negado las solicitudes de información del partido de la izquierda abertzale.

Lista de «agentes sancionados»

A principios de mes, el Ejecutivo entregó a Bildu una lista con los datos relativos al número de agentes que habían sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos diez años». Estas cifras estaban desglosadas por cuerpo y por ejercicio, tal y como había solicitado la formación de Otegi.

El Ejecutivo integrado por el PSOE y Sumar respondía así a la petición que se había producido dos meses antes. El partido heredero de ETA había exigido al Gobierno un listado con el «número de agentes» de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de policías locales y autonómicos, que hayan sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos 10 años». Los de Otegi habían instado al Ejecutivo «especificar el cuerpo policial y unidad, razón o delito, comunidad autónoma y provincia y año».

Todas estas peticiones se habían canalizado a través de tres preguntas parlamentarias para respuesta por escrito del Gobierno. Éstas estaban firmadas por Iñarritu, el mismo que suscribe la cuestión en la que insta a entregar la lista de muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos.

El Ministerio del Interior, que encabeza el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska, a quien se dirigía esa pregunta, no alegaba protección de datos de los agentes para evitar ceder la poca información que no entregaba a Bildu. La razón por la que no cedía más datos era porque no los tenía, no para proteger a los policías o guardias civiles, tal y como se desprendía de la respuesta parlamentaria.