Ayuso dice que la ‘Ley Begoña’ es un «golpe de Sánchez a la Constitución» para «amnistiarse a sí mismo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra la conocida como Ley Begoña presentada por el PSOE para eliminar la acción popular en causas judiciales y limitar la tutela judicial, con el fin de frenar las investigaciones que rodean al entorno personal y político de Pedro Sánchez. «Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Pedro Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado», ha sentenciado Ayuso,  asegurando que esta norma es «golpe a la Constitución y la convivencia».

La líder del Ejecutivo madrileño ha aseverado que esta maniobra por parte del Gobierno de Sánchez es propia de un régimen totalitario. «Al igual que en una dictadura, esa defensa de los intereses personales de un grupo de gobernantes inmersos en diferentes causas judiciales se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución y el menoscabo de las instituciones que deben estar a su servicio», ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, Ayuso ha aseverado que esta «modificación del sistema procesal a manos del Ejecutivo» va a tener consecuencias graves que van más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. «Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales. Y todo de nuevo, solo por blindarse y mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De lo que sea», ha sentenciado.

De esta forma, Díaz Ayuso ha reprochado que Sánchez pretenda acabar «con una institución jurídica de historia centenaria en España» todo por «blindarse y mantenerse en el poder». «Y justo cuando han utilizado a la más alta institución fiscal para atentar contra el adversario político, contra la alternativa democrática, a costa de las garantías más básicas del Estado de derecho y de la confianza en las instituciones (…) Se podía haber resumido en un artículo único que dijera: queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo», ha apostillado.

De esta forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha suscrito las palabras de Felipe González que ha aseverado este mismo miércoles que la utilización del fiscal general del Estado era algo que hacía Franco y este -el fiscal- debería dimitir  por el bien de la institución. «Sánchez ha instaurado una dictadura bolivariana mientras usa la de Franco para distraer», ha afirmado.

Además, ha subrayado que esta reforma de la ley es «contraria el Estado de derecho» al querer el PSOE «eludir los dictámenes del Consejo de Estado, del Poder Judicial y otros órganos e instituciones afectadas». «Sánchez sabe que si convoca a elecciones va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero, para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse de la impunidad futura. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia», ha denunciado la dirigente autonómica.

Librar al entorno de Sánchez

La proposición de ley del PSOE para amordazar a los jueces y las acusaciones populares tiene un objetivo claro: salvar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez de sus imputaciones delictivas. La disposición transitoria única incluida en esta norma dispone que los cambios que introduce se aplicarán «a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites para su aprobación se agilizan, esta maniobra del PSOE podrá aplicarse a las investigaciones que han acabado con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado imputados.

Esta nueva normativa vaciaría de acusaciones populares los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno. Su aprobación conllevaría excluir a Vox de las investigaciones que cercan a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez o dejar fuera a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que está presente en la instrucción sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado.

De aprobarse la nueva normativa impulsada por el PSOE, la única acusación que quedaría en pie en los diferentes casos de corrupción que rodean a Sánchez sería el ministerio Fiscal, algo que tendría un efecto directo en las investigaciones a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el caso de la mujer del presidente del Gobierno, la expulsión de las acusaciones populares dejaría todo en manos del fiscal, que ya ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa. Algo similar de lo que ocurre en el caso de García Ortiz: si el Ministerio Público que él mismo dirige no ve delito, el caso se abocaría al archivo.