La AVT espera que Bélgica entregue a «la etarra de las mariscadas» tras la condena de Estrasburgo

La llaman «la etarra de las mariscadas» y es la protagonista de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a Bélgica por no cooperar en el esclarecimiento de un atentado que cometió en España en 1981. Es Natividad Jáuregui y la Asociación de Víctimas del Terrorismo espera ahora que ese país la entregue para que pague por sus crímenes.

La AVT ha aplaudido este martes la sentencia del TEDH que ha condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en 1981 y ha subrayado que esta resolución reconoce «el sistema de libertades y garantías» de España.

Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, ha insistido en que el fallo del tribunal de Estrasburgo es, sobre todo, «una buena noticia tanto para las víctimas como para España».

La letrada ha explicado que las alegaciones que dieron las autoridades belgas para no entregar a Jáuregui «no tenían ningún tipo de sustento ni de fundamento», pues «viene a decir que Bélgica no había realizado las gestiones para comprobar efectivamente cuál era el nivel de peligro de los derechos» de la miembro del ‘comando Vizcaya’ de ETA.

La sentencia recoge que, en 2004 y 2005, la Audiencia Nacional emitió dos órdenes europeas de detención contra la etarra, quien fue detenida en 2013 en la ciudad belga de Gante, pero aunque en un principio el juzgado correspondiente había autorizado su entrega a España, el tribunal de apelación lo desestimó al considerar que estaban en riesgo los derechos fundamentales de Jáuregui.

Ladrón de Guevara considera «importante» esta resolución «para España y para la defensa de su sistema de libertades y garantías» por el «reconocimiento» que hace. «Es una acusación bastante grave por parte de las autoridades belgas», ha añadido.

La AVT espera que tras conocerse la sentencia Bélgica acceda finalmente a las reclamaciones de la Audiencia Nacional y entregue a la etarra para que pueda ser interrogada por los crímenes que se le imputan en varios procedimientos.

Además del asesinato del teniente coronel Romeo, la Audiencia Nacional pide que se la interrogue por un delito de estragos terroristas cometido en los ochenta y por el ametrallamiento de dos coches de la Guardia Civil en 1981 en Bilbao. En aquel ataque no murió nadie, pero tres agentes resultaron heridos de gravedad.