La Audiencia Nacional pide al PSOE todos los pagos en metálico de la etapa de Sánchez y sus justificantes
El instructor da diez días al partido del presidente del Gobierno para que aporte la documentación requerida
La Fiscalía Anticorrupción, que solicitó esta diligencia al juez, considera que puede haber blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha pedido que el PSOE justifique todos los pagos en metálico de la etapa de Pedro Sánchez, esto es, entre 2017 y 2024. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.
El instructor Ismael Moreno requiere al partido del jefe del Ejecutivo que en el plazo de 10 días «facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024 y, verificado que sea, se acordará lo procedente».
El juez decidió abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo. Ábalos fue secretario de Organización del PSOE entre junio de 2017 y julio de 2021 y luego le sustituyó Santos Cerdán –quien salió la semana pasada de la prisión de Soto de Real (Madrid)– entre julio de 2021 y junio de 2025.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo informe solicitaba esta diligencia al considerar que «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas» desde blanqueo de capitales pasando por un posible desfalco «cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades».
Mensajes de voz
El fiscal Luis Pastor también solicitó otras diligencias al respecto como pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la información incautada a los investigados en dispositivos electrónicos, que contengan «mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos» relativos a presuntos pagos en efectivo. Ante esta petición del representante del Ministerio Público, el juez Ismael Moreno ha indicado que resolverá dicha cuestión en una resolución aparte.
Fue a principios de este mes cuando Moreno, que investiga también el cobró comisiones por la venta de mascarillas por la trama PSOE durante la pandemia, acordó abrir una pieza separada tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre los pagos en metálico realizados por Ferraz a José Luis Ábalos y Koldo García.
El Supremo detectó que pudo haberse cometido un blanqueo de capitales, y en un auto con destino a la Audiencia Nacional, subrayó que hay «incógnitas que deben ser despejadas», en la medida en que «pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas». Estos imputados habría cobrado mordidas por adjudicaciones de obras públicas, según los investigadores.
El juez del Supremo Leopoldo Puente subrayó que si bien la UCO dio cuenta de «comunicaciones relativas a posibles pagos en efectivo de determinadas cantidades por parte del PSOE» a José Luis Ábalos y Koldo García, sin embargo, estas cuantías no constan «ni por sus fechas ni por sus importes» en la información facilitada por el partido de Sánchez en la causa hasta la fecha.
El Alto Tribunal también remitió la información facilitada por el PSOE hasta ahora los pagos a Ábalos, Koldo y Cerdán y las declaraciones del ex gerente del partido, Mariano Moreno, y de una trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, sobre estos pagos en efectivo. También dio traslado de la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó ante el Supremo que en octubre de 2020 acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE e hizo entrega de 45.000 euros en metálico en cada una de ellas. Una versión que la empresaria ratificó después en la comisión de investigación del Senado.
Fuentes socialistas han reaccionado a esta decisión del juez de la Audiencia Nacional afirmando que la contabilidad del PSOE es «clara», «transparente» y «está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas».
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