La Audiencia Nacional juzga a la cúpula de Interior de Rajoy por la ‘trama Kitchen’ que destapó OKDIARIO

Trece años después de que se produjeran los hechos (2013), la Audiencia Nacional empieza a juzgar este lunes a los imputados por la trama Kitchen, que destapó en exclusiva OKDIARIO en el año 2018: el espionaje lanzado contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas tras ser éste detenido por corrupción, el caso conocido como la caja B del Partido Popular o caso Gürtel. Entre quienes se sientan en el banquillo, el que por entonces era ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión. Los mismos que solicita para quien era su número dos en el Ministerio, el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez. El ex comisario Villarejo también se sentará en el banquillo. Como lo hará, entre otros, quien por entonces era Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Ellos y otras seis personas serán juzgadas desde este lunes por haber orquestado y realizado una operación ilegal de espionaje para robar documentos que obraban en poder de Bárcenas y que resultaban comprometedores para el PP. Había un undécimo procesado, pero finalmente ha quedado exento por «incapacidad mental sobrevenida», consecuencia de un ictus que sufrió en 2022.

Este juicio es fruto de una de las 47 piezas separadas a las que dio lugar la investigación de la denominada operación Tándem, con Villarejo como protagonista de las tramas delictivas. Las investigaciones a que dio lugar aquella operación fue destapando decenas de causas penales que han sido objeto de instrucciones judiciales específicas. Una de ellas es la que empieza a juzgarse desde este lunes en la Audiencia Nacional. Es, en concreto, la séptima pieza separada que se abrió como consecuencia de la operación Tándem y la que enlaza con el caso Gürtel.

Las penas a las que se enfrentan

Por estos hechos de la trama Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el ex ministro Jorge Fernández Díaz, al que se le imputan los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. «Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia», explica el escrito de la Fiscalía.

Anticorrupción detalla que esa operación ilegal estaba «dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en el caso Gürtel que investigaba la Audiencia Nacional.

En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que «pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa».

«Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al mentado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción Número 5», añade el Ministerio Fiscal.

En «la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio» habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, con la intervención además del que fuera chofer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Anticorrupción también pide 15 años para Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Ríos reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

La acusación particular la ejercen Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo, vocalista del grupo musical Taburete. PSOE y Podemos están personados como acusación popular.

Rajoy y Cospedal, llamados a testificar

La prueba testifical del juicio a la Operación Kitchen se ha distribuido en más de veinte jornadas hasta finales de junio, incluyendo sesiones en sábado para absorber el ingente volumen de declaraciones previsto.

El desfile de testigos incluye nombres de notable enjundia política. El 23 de abril están citados la ex secretaria general del PP Cospedal, el expresidente Rajoy y el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, todos propuestos por Podemos. El 27 de abril declararán la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ex vicesecretario del PP Javier Arenas, entre otros.

El 20 de abril está prevista la comparecencia de Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, propuestos por múltiples partes: el primer acusado, el PSOE, Podemos y la acusación popular. Su testimonio se anticipa como uno de los momentos de mayor tensión procesal de todo el juicio.

Fondos reservados y espionaje

Junto a los testigos de perfil político, comparecerán decenas de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía identificados únicamente por su número de agente, algunos de ellos amparados por el «auto de protección de testigos» que figura en el encabezamiento del decreto.

También han sido llamados a declarar agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, funcionarios del Centro Criptológico Nacional y técnicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los interrogatorios a los once acusados están programados para el 14, 18 y 19 de mayo de 2026. La vista culminará entre el 20 de mayo y el 30 de junio con la «audición de archivos de audio», el «visionado de archivos», la «lectura de los folios» y los «informes» de las partes.

Exclusiva de OKDIARIO

Fue OKDIARIO quien destapó en noviembre de 2018 la trama que ahora llega a juicio. Este periódico reveló el 8 de noviembre de aquel año que el Ministerio del Interior había pagado durante dos años —en 2013 y 2014— un sobresueldo de 2.000 euros mensuales al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados, para que actuara como confidente e informara de los movimientos del extesorero del PP.

Villarejo, según la investigación, pagaba personalmente esa cantidad en metálico cada mes a Ríos Esgueva. Tras la detención del comisario en noviembre de 2017, la Policía halló en su domicilio los recibís firmados por el chófer y grabaciones de conversaciones con mandos policiales que acreditaban los hechos.

La trama alcanzó su punto más oscuro la noche del 23 de octubre de 2013, cuando un individuo disfrazado de sacerdote irrumpió en el domicilio de los Bárcenas, encañonó a Rosalía Iglesias y amenazó a su hijo Guillermo: «Tú túmbate en el suelo o le pego un tiro a tu madre».

El objetivo era recuperar tres pendrives con información comprometedora del PP. Interior difundió entonces la versión de que se trataba de «un desequilibrado».