La Audiencia Nacional cita a los ex jefes de gabinete de Maroto y Ribera en el ‘caso hidrocarburos’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos en el caso hidrocarburos a Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, quienes fueron jefes de gabinete de las ex ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. Las comparecencias se han fijado para el próximo 28 de enero, en una providencia judicial a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La decisión del magistrado amplía el círculo de personas llamadas a declarar en una investigación que ha salpicado a varios ministerios del Gobierno. Además de los exaltos cargos ministeriales, Pedraz ha vuelto a convocar como investigados a figuras clave de la presunta trama.

El empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la organización vinculada a la compañía Villafuel, declarará nuevamente el 28 de enero a las 10 horas. Su colaborador Víctor de Aldama comparecerá un día después, el 29 de enero, en calidad de imputado.

Para el 30 de enero, el juez ha citado como investigadas a las empresarias Carmen Pano, quien asegura haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija Leonor González Pano. Ambas declararán en condición de imputadas.

Testigos clave convocados

La providencia incluye también la citación de varios testigos que podrían aportar información relevante sobre las presuntas operaciones ilícitas. Manuel Hernández García, director general de Política Energética y Minas, declarará el 29 de enero a las 10:15 horas.

Manuel Salles, administrador de una empresa relacionada con la investigación, está convocado para ese mismo día a las 10:30 horas. El 30 de enero comparecerá Álvaro Gallego, quien según los investigadores pudo estar relacionado con la retirada de 108.500 euros en efectivo. Fue el chófer amigo de Carmen Pano que presuntamente condujo hasta Ferraz para entregar el efectivo.

Infiltración ministerial

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en su último informe que la trama de hidrocarburos habría conseguido infiltrarse no sólo en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en los de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Maroto y Ribera estaban entonces al frente de estos departamentos ministeriales. La presunta infiltración se habría realizado a través de Aldama, descrito como «persona con acceso al entorno» de Ábalos.

El objetivo habría sido «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos». Todo ello, según la UCO, «a cambio de una contraprestación económica».

Los agentes han señalado a Aldama y Rivas como presuntos cabecillas de la trama. Ambos «ostentaban la decisión, el control y la coordinación» de las dos estructuras delictivas identificadas.

Organización criminal compleja

La investigación ha destapado una organización criminal especializada en delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos. Esta operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras mercantiles vinculadas al sector.

«De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas», según recoge el informe de la UCO.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020. Fue entonces cuando el «entorno de la presunta organización criminal» habría pedido a Aldama «que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes».

Los investigadores sostienen que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el ex ministro Ábalos y en su ex asesor Koldo García.

Fraude de hidrocarburos

El esquema básico de este tipo de fraude arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos. Esta operadora acude a los depósitos fiscales a comprar combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA.

Por ley, esa operadora debe ingresar el IVA una vez que lo ha repercutido a las gasolineras que le compran el producto. El fraude consiste en dejar de ingresar el IVA que recibe de las estaciones de servicio minoristas.

Puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que debería ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, según la investigación, no lo abonan a Hacienda.

Las organizaciones criminales han evolucionado en su estructura por la presión judicial y policial. Ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema para «perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal».

El objetivo también es «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones», dado que obtener ese título es un proceso farragoso y complicado, según indica la UCO en sus informes.

El ‘caso hidrocarburos’ se ha convertido en una de las investigaciones más complejas de la Audiencia Nacional por su ramificación en diferentes ministerios y la presunta participación de personas vinculadas al poder político y económico. Las citaciones de enero determinarán si existen pruebas suficientes para ampliar el cerco judicial o si, por el contrario, se trata de contactos profesionales rutinarios sin trascendencia penal. Lo que parece indudable es que el entramado societario y las conexiones ministeriales continúan siendo el nudo gordiano de esta causa.