La Audiencia Nacional abre una investigación al ‘faker’ a sueldo Alvise por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una investigación contra el faker a sueldo Alvise Pérez por delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo. Lo ha hecho tras la denuncia presentada por el empresario investigado por una supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo.

El magistrado ha ofrecido a Alvise declarar de forma voluntaria el 20 de noviembre, al tratarse de un eurodiputado con la condición de aforado. El juez le ha abierto la posibilidad a que aporte voluntariamente documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa.

La investigación por financiación ilegal contra el faker a sueldo forma parte de una pieza principal en la que se está abordando una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest y por varios de sus administradores.

En la causa respecto a la estafa piramidal se investiga a Alvise Pérez por promover la presunta actividad ilícita que puso en marcha el entramado financiero creado por Madeira Invest Club. Se investiga como si pudo llegar a ser cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

El juez ha añadido a su auto la denuncia de Romillo. En ella, relata los distintos contactos mantenidos con Alvise Pérez para que el empresario promocionase sus servicios. Y a cambio, el eurodiputado «podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal».

«100.000 gracias»

Las conversaciones entre ellos desembocaron en un mensaje del 27 de mayo en el que Romillo informó a Alvise de que podía recoger en efectivo 100.000 euros, según la denuncia del empresario. El faker a sueldo se lo agradeció así: «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío». Una vez que se produjo la entrega, un empleado comunicó a Romillo que se había entregado el dinero a Alvise. Posteriormente, el eurodiputado le confirmó que «todo ok» y que «100.000 gracias».

Tal y como se relatan los hechos en la denuncia, el juez cree que existen indicios de un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Por ello, acuerda abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Además, concluye que los documentos que acompañan a la denuncia la dotan de verosimilitud. Por eso, asegura que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación.

Lo que sí aclara el magistrado es que la apertura de la investigación judicial  aún no constituye, un acto de imputación judicial: «Supone, por el contrario, la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que una o varias personas, actuando como denunciantes, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional, y respecto de los que, tal como vienen relatados en la denuncia, no se puede excluir su carácter delictivo. Naturalmente, lo anterior no impide la posibilidad de una verdadera imputación judicial tras la comprobación provisional de la realidad de los hechos».

José Luis Calama aclara que el delito de financiación ilegal, al igual que con la figura del soborno o el cohecho, además de castigar a los que reciben donaciones para la formación política, extiende su responsabilidad a «quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta».

En este caso, el denunciante Álvaro Romillo también aparece como responsable de esta modalidad, por lo que se acuerda cambiar el estatus de testigo que le correspondería como denunciante por el de investigado, con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. El juez ha señalado su declaración también para el 20 de noviembre.