Asociaciones de fiscales tachan de «inoportuno» que el Gobierno hable del delito de rebelión

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) consideran que el momento actual para iniciar un debate político sobre el delito de rebelión es «inoportuno», ya que se puede entender como una presión a los jueces del Tribunal Supremo, que en los próximos meses iniciarán el juicio por el ‘procés’, así como al Ministerio Público, que tiene de plazo hasta el día 2 de noviembre para presentar su escrito de acusación contra los líderes golpistas.

Así lo han expresado la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, y el portavoz de la APIF, Miguel Pallarés, en declaraciones a Europa Press, en el marco de las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la posible adecuación del artículo 472 del Código Penal.

«No son prudentes porque puede suponer una cierta presión, una cierta injerencia en lo que se está haciendo», ha afirmado Dexeus, que ha pedido que se «deje trabajar con serenidad y sosiego» a los fiscales del caso que son los que conocen la ley y las pruebas que obran en el sumario de la causa abierta por el proceso independentista en Cataluña.

«Cualquier manifestación me parece inoportuna, pero si encima corresponden a una persona que tiene unos cargos de relevancia y de responsabilidad política, me parece aún peor», ha añadido la representante de la asociación mayoritaria de fiscales.

Asunto delicado

En la misma línea se ha manifestado Pallarés, que ha destacado que es «inoportuno» que los políticos hagan cualquier tipo de declaración sobre el delito de rebelión en estos momentos cuando se está esperando conocer la calificación de la Fiscalía. «Es un tema enormemente delicado, tratado por gente muy profesional del Tribunal Supremo», ha indicado.

En este sentido, el portavoz de APIF ha lanzado un mensaje de confianza en los fiscales y ha llamado a esperar «a ver qué posturas y qué argumentos exponen». Asimismo, ha recordado que no caben las «injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal» y que a quien puede controlar es a la Abogacía del Estado, que también debe presentar en los próximos días su escrito de acusación como parte en el procedimiento.

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, considera que este debate político, que es «abierto y libre», no significa ningún tipo de presión a los jueces. «Si la hubiera no me cabe la menor duda de que los miembros del Tribunal Supremo serán los primeros en ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial». «Los jueces del Tribunal Supremo son unos jueces profesionales, de acreditada experiencia, y son celosos de su independencia», ha continuado González Vega.

Sin embargo, Concepción Rodríguez, de Foro Judicial Independiente (FJI) se ha mostrado contraria a esta postura e insta al Gobierno a que se «abstenga» a hacer «cualquier tipo de comentario» sobre un procedimiento que está a punto de enjuiciarse, como es el ‘procés’. «Es una injerencia absoluta en la Administración de Justicia, los poderes tienen que estar bien separados y no le corresponde al Gobierno decir si está en un tipo penal o en otro tipo penal», ha dicho.