El arquitecto de la sede de Podemos le dice al juez que no tiene las facturas de las obras

El arquitecto Manuel Campos, que estuvo al frente de la reforma de la nueva sede de Podemos, unas obras investigadas por el juez Juan José Escalonilla, ha comunicado al magistrado que no tiene las certificaciones de obra ni las facturas de cuatro de las seis empresas seleccionadas a dedo para realizar la remodelación del edificio central del partido en la calle Villaespesa 18.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga a la formación morada por presunta financiación irregular, ha requerido al arquitecto los certificados y facturas de las mercantiles Euroal SLU, Bosa Montaje y Ascensores SL, Hispa Clima SL y Drin Seguridad SL. Estos documentos debían ser entregados en un plazo de cinco días.

El constructor ha remitido al Juzgado un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que informa que no puede entregar dicha documentación porque estas mercantiles «nunca emitieron las certificaciones de obras, por lo que resulta imposible aportarlas».

Con respecto a las facturas, Campos explica que ha solicitado a las empresas que se la faciliten pero Podemos ha intervenido en dicha petición y ha transmitido al arquitecto que el partido ya las ha entregado al Juzgado en un dispositivo electrónico, del que, por cierto, ha prohibido dar acceso a las partes personadas en el procedimiento.

Se da la circunstancia de que la empresa Drin Seguridad SL, de la que el arquitecto no posee ni el certificado de obra ni las facturas, comenzó a trabajar en la reforma del edificio antes de que finalizara el proceso de licitación para adjudicar el contrato.

Adjudicaciones a dedo

Los seis contratistas elegidos por Podemos para realizar la reforma de su sede reconocieron ante el juez que se enteraron de la licitación que el partido había abierto a través de una llamada telefónica. Concretamente, del arquitecto encargado de la obra.

Podemos publicó la licitación de las obras de su sede dentro de la pestaña perfil del contratante que situó en la parte más baja de su página web y que nunca había existido previamente. Ese camino, apenas accesible, no fue el usado por las empresas para presentar sus propuestas. De hecho, tal y como confesaron los seis representantes de las compañías y el propio arquitecto ante el juez que investiga la causa, el constructor les contactó directamente para que lo hicieran y también les comunicó posteriormente que habían sido las elegidas. «Unas las conocía y otras me las habían recomendado», aseguró Manuel Campos en su declaración.

«El precio no era real»

Entre las irregularidades investigadas por el instructor se encuentra el incremento desproporcionado del presupuesto, una vez seleccionadas las empresas que se encargarían de acometer un «acondicionamiento general» del edificio. En un primer momento, Podemos anunció que gastaría 650.000 euros en la reforma de su nueva sede, pero este presupuesto se incrementó a más del doble: 1.361.055 euros. El arquitecto contratado por Podemos, Manuel Campos, confesó en su declaración que los precios que presentó en su proyecto «no eran reales».

Escalonilla preguntó de manera contundente si las cantidades del proyecto eran reales. La respuesta fue igual de rotunda: «No». «Cada contratista puso el precio que estimaron oportuno independientemente de lo que pone en el proyecto», añadió. El magistrado estupefacto preguntó: “¿Entonces, el consejo de coordinación qué aprobó?» El arquitecto respondió que «no aprobó el coste porque ya sabíamos que no era real. Aprobaron el proyecto».

Familiar de Iglesias

Podemos pagó 2.253.000 euros al contado para comprar una sede de lujo con 2.179 metros construidos y distribuidos en una planta sótano con uso de garaje, planta baja, entreplanta, primera y segunda planta.

OKDIARIO desveló que Podemos pagó a la tía de Pablo Iglesias, Paloma Pérez-Marín Turrión, una comisión de 72.600 euros por intermediar en la compra de la nueva sede del partido en el número 18 de la calle Francisco Villaespesa de Madrid. Esta familiar del vicepresidente del Gobierno tiene una empresa inmobiliaria que opera en la capital y en Almería. Fuentes internas del partido morado afirmaron a OKDIARIO que se trata de una de las tantas cacicadas del líder podemita en la gestión del partido.

Pablo Iglesias podría haber cometido un delito de administración desleal a través de este convenio de nula ética, por el que se acuerda una comisión para su tía. El artículo 252 del Código Penal dice que: «Serán punibles los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».

Además, el líder de Podemos ha quebrantado el código ético del partido. El mismo establece que la formación morada es «una plataforma que garantiza que la política deja de ser una actividad al servicio de los intereses privados».