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Congreso de los Diputados

Armengol se lanza a por los jueces: cuestiona la independencia del Supremo por tumbar a Valerio

Armengol dice que una democracia "tiene peligros" si la ciudadanía cree que el poder judicial no es independiente

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha sembrado dudas sobre la imparcialidad e independencia de de los jueces del Tribunal Supremo por haber anulado el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, al considerar que no cumple el requisito de ser «jurista de reconocido prestigio».

«La legitimidad de las instituciones tenemos que defenderla. Y para defenderla, evidentemente todo el mundo se tiene que comportar desde estar en el puesto que le toca y entrar en los tema que le toca, y eso creo que es importante hacerlo por parte de todos los poderes del Estado, sin ninguna duda. Y para hacer posible el consolidar nuestra democracia, el hacerte más fuerte, es necesario que la ciudadanía se sienta muy cerca de las instituciones, también del poder judicial», ha afirmado Armengol este viernes en una entrevista concedida a Las Mañanas de RNE.

La presidenta de la Cámara Baja ha contestado de esta forma a la pregunta de si se está «debilitando» la separación de poderes en nuestra democracia. «Es muy importante que la ciudadanía valore eso porque si no una democracia, sin que la ciudadanía sienta que el poder judicial es independiente, es una democracia que tiene peligros», ha recalcado Armengol como advertencia a los jueces.

«Todo eso tenemos que trabajarlo conjuntamente, todos los poderes del Estado. Y partir de ahí, tenemos que saber trabajar desde el respeto a las instituciones. Por eso, a mí me causa mucha extrañeza que alguien pueda poner peros a una expresión como la legitimidad de una mayoría parlamentaria, porque eso es no entender la base de la democracia, que es lo que la gente ha decidido el 23 de julio», ha apostillado, pero sin hacer alusión a que fue el PP de Alberto Núñez Feijóo el ganador de aquellos comicios.

El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo anuló este jueves el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Alto Tribunal consideró que Valerio no cumple con uno de los dos requisitos legales, el de ser «jurista de reconocido prestigio». Sí que afirmó que cumplía con la otra condición, el de conocimiento experto de los asuntos de Estado.

El presidente de la Sala del Contencioso-Administrativo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, declaró que cumplir con estas dos exigencias es «cristalino» y que «no hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra». Además, remarcó que la razón de ambos criterios es «asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador».

A esta decisión se unió otro varapalo judicial al Gobierno de Pedro Sánchez : el Consejo General del Poder Judicial consideró, por 8 votos a 7, que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. Es la primera vez en la historia de la democracia que el gobierno de los jueces no otorga su aval al fiscal designado por el Gobierno.

El PSOE, contra los jueces

Francina Armengol ha optado por cargar contra estas decisiones judiciales y cuestionar la independencia de los jueces. En esta misma línea también se ha mostrado el diputado del PSOE y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. «La representación del pueblo español soberano en el Congreso ha reconocido la idoneidad de Magdalena Valerio para presidir el Consejo de Estado», ha señalado para arremeter contra la decisión judicial. El diputado socialista sabe que la ley vulnerada por el Gobierno en el nombramiento de Valerio fue aprobada también por ese Congreso que representa al pueblo español soberano.

«Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos, porque creemos que no se puede abrir la puerta a que una entidad privada pueda cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como es nombrar a la presidencia del Consejo de Estado», añadió Bolaños, en alusión a que la resolución del Tribunal Supremo se tomó en base a un recurso presentado por la Fundación Hay Derecho.