Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su primogénito

la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción no 5 el escrito de calificación contra los miembros de la familia Pujol Ferrusola. La fiscal pide nueve años de prisión para el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y 29 para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, por la trama criminal que afecta a toda la familia del ex presidente de la Generalitat. De hecho, la única que no pisará el banquillo es la matriarca del clan, Marta ferrusola, a la que han archivado la causa debido a la demencia que padece, tal y como publicó en exclusiva OKDIARIO.

Para el resto de los hijos del clan Pujol, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, el Ministerio Público reclama ocho años de prisión, excepto para Josep, al que le incrementa la pena hasta los once años de cárcel. Además, Anticorrupción fija una multa por el delito de blanqueo de capitales de 38,7 millones de euros. A esta multa habrá que sumar la petición de decomiso autónomo contra la matriarca.

En su escrito, el Ministerio Público explica que los miembros de la familia, «actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».

Jordi Pujol acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores «se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ella y de sus hijos, los también acusados Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank». También acordaron ambos cónyuges que fuera su hijo Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

El escrito prosigue explicando que, el Jordi Pujol «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» conforme a la cual el propio Pujol y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC.

El patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusol, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.

Entre estas mecánicas utilizadas por el clan, estaba la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Los miembros de la familia Pujol ha sido acusados como autores de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil.