Anticorrupción exigirá al BBVA un abogado en el ‘caso Villarejo’ distinto al de sus directivos

Los fiscales anticorrupción, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, solicitarán al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que el representante legal designado por el banco BBVA para su defensa, en la pieza separada número 9 del ‘caso Tándem’, no esté relacionado con los abogados que representan a sus directivos o ex directivos imputados en esta causa.

Dicha propuesta se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 que subraya que el representante, abogado y procurador que defiende a la persona jurídica «no concurrirá en un conflicto de intereses procesales con los de las personas físicas investigadas».

Los fiscales del ‘caso Villarejo’ ya han elaborado un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, donde se acuerdan las exigencias referentes a la representación legal de las personas jurídicas. Estos requisitos serán aplicables a todas las piezas separadas del ‘caso Tándem’ –donde el principal investigado es el comisario jubilado José Manuel Villarejo– tal y como indica dicho escrito.

Conflicto de intereses

El documento acuerda que el instructor deberá garantizar la presunción de inocencia –de la persona jurídica– evitando con ello «la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva», recogida en la sentencia del Supremo anteriormente citada.

El objetivo de los fiscales es preservar los conflictos de intereses que puedan existir entre los letrados de la persona jurídica investigada y las personas físicas –los directivos del BBVA imputados– autoras del delito que se está siendo investigado.

Esta medida impide, incluso, que el abogado designado por el BBVA para su defensa en el ‘caso de Villarejo’ trabaje siquiera en el mismo despacho al que pertenecen los abogados que actualmente defienden a los directivos y ex directivos de la entidad bancaria que son objeto de investigación.

Los fiscales inciden en su escrito: «Son compañeros profesionales de un mismo despacho, siendo evidente la estrecha conexión y vinculación que existe entre los miembros de un mismo bufete por razones de pura lógica».

Imputación del BBVA

El pasado lunes el juez García-Castellón imputó al banco BBVA como persona jurídica por delitos de cohecho, descubrimiento, y revelación de secretos y corrupción en los negocios por sus negocios con el comisario José Manuel Villarejo. La entidad bancaria está siendo investigada por espiar supuestamente a Sacyr cuando intentó tomar el control del banco en 2004.

La entidad ha reconocido que firmó un contrato con el Grupo Cenyt, del comisario jubilado, pero con el objetivo de localizar a morosos. Los pagos por los servicios se efectuaron durante la presidencia de Francisco González y ascendieron a 10 millones de euros.

Directivos imputados

En la pieza novena del ‘caso Tándem’ están imputados ocho directivo o ex directivos de la entidad que preside Carlos Torres. Entre ellos se encuentran: Ángel Cano, que fue consejero delegado durante la presidencia de Francisco González; Antonio Béjar, presidente hasta el pasado viernes de Distrito Castellana Norte; Julio Corrochano, ex policía y jefe de Seguridad del banco cuando se cerraron los contratos con Villarejo e Inés Díaz Ochogavía sustituta de este último.

Lo mismo ocurre con Ricardo Gómez Barredo, ex responsable de Contabilidad y Relación con el Supervisor de BBVA; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial de BBVA España y consejero de BBVA Seguros; Javier Malagón Navas, que fue director de Finanzas del BBVA Bancomer -el banco más grande de los que operan en México- y sigue vinculado al banco; y Nazario Campo Campuzano, que trabaja como jefe de equipo en la entidad.