La acusación popular pide al juez que cite a Begoña Gómez como testigo por los contratos amañados para Barrabés

La acusación popular ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite como testigo a Begoña Gómez dentro de la pieza que investiga dos contratos de la entidad pública Red.es adjudicado a una empresa del imputado Juan Carlos Barrabés.

El escrito, presentado este 2 de julio de 2026 y que desvela OKDIARIO, sostiene que un técnico evaluador dejó constancia por escrito de que la oferta ganadora carecía de un documento exigido en el pliego y que, pese a ello, decidió soslayar esa carencia para no perjudicar su puntuación.

La pieza separada, abierta el 18 de junio de 2026, se circunscribe a los delitos de prevaricación administrativa y de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

El expediente cuestionado es el 044, denominado «Servicios de oficina Acelera Pyme — Servicios de apoyo y asesoramiento», con un presupuesto de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. La adjudicataria fue la unión temporal formada por Innova Next SLU —sociedad del propio Barrabés— y KPMG Asesores.

El caso ha llegado al juzgado a través de un decreto de la Fiscalía Europea del 8 de junio de 2026, que dejó sin efecto una avocación de competencias previa tras revocarla el juez de garantías de la Audiencia Nacional.

Begoña Gómez testigo

El escrito subraya que, a diferencia de los expedientes 014 y 016 —donde sí constan cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez—, en el contrato 044 no ha aparecido ningún documento de ese tipo suscrito por ella. Por eso la acusación, que lidera HazteOir, no pide su imputación en esta pieza, aunque solicita que declare como testigo, junto con la asesora de Presidencia Cristina Álvarez, para esclarecer el origen del presunto favorecimiento.

Según el escrito, el pliego exigía un Libro Blanco «efectivo», no una mera promesa de elaborarlo. La oferta de la UTE, sin embargo, hablaba en futuro y condicional: «Para ello vamos a crear, mensualmente, un libro blanco de referencia para las diferentes temáticas que se están tratando en los eventos», recoge el documento.

El propio técnico evaluador dejó constancia de esa carencia el 30 de diciembre de 2020, en un comentario interno que la acusación considera el elemento central de toda la pieza: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal». Pese a esa anotación, la oferta obtuvo la máxima puntuación en el criterio de juicio de valor, lo que resultó determinante para la adjudicación.

La propia Fiscalía Europea ya había apuntado en esa dirección en su decreto: «El informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos». Y añade que la adjudicación «podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión».

Contratos amañados en Red.es

El escrito sostiene que este episodio no fue aislado. Los correos internos del equipo de Economía Digital de Red.es, encabezado por Luis Prieto y Jesús Herrero, documentan la designación de la oferta de la UTE como «oferta referente» en los expedientes 014 y 016, hoy bajo investigación de la Fiscalía Europea, con rebajas deliberadas en las puntuaciones de las competidoras.

La acusación pide además citar como imputados a Pablo Osuna, a Prieto y a Herrero, junto a varias técnicas del equipo evaluador, y reclama declaración de David Cierco, director general de Red.es al adjudicarse el contrato, cesado en mayo de 2021 y hoy directivo, según el escrito, en la consultora Acento.

En total, propone dirigir la investigación contra 16 personas más, además de a Barrabés, y solicita sendas periciales informática y económico-financiera sobre los borradores del informe y los fondos certificados.

El escrito califica provisionalmente los hechos como prevaricación administrativa, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y falsedad documental. El primero contempla inhabilitación de nueve a quince años; el segundo, prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado.

Respecto a Cristina Álvarez, el escrito señala que no consta «elemento alguno» que la vincule directamente con la tramitación del expediente 044, por lo que su citación se limita, igualmente, a la condición de testigo.

La pieza se inserta en el caso Begoña Gómez, que investiga a Barrabés por otros contratos públicos. La Fiscalía Europea, creada en 2017 contra el fraude a los fondos comunitarios, ha resultado clave para que este expediente saliera a la luz. Ha encargado sendos informes a la Intervención General del Estado y a la UCO de la Guardia Civil que han detectado graves irregularidades.