El PSOE enmienda la ley para dejar sin castigo las barricadas y las manifestaciones ilegales

Entre las aportaciones del PSOE a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -actualmente en trámite parlamentario- está la de despenalizar la «obstaculación de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos». Es decir, barricadas como las organizadas este pasado fin de semana por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que llevaron el caos a las carreteras de Barcelona, y que son una de las estrategias de los grupos radicales para paralizar Cataluña.

Así consta, en concreto, en una de las enmiendas presentadas por el partido del Gobierno en la comisión de Interior del Congreso, que se encarga ahora de la revisión de la Ley que aprobó el PP en 2015, en base a una iniciativa impulsada por el PNV. La reforma de esta Ley se encuentra actualmente en trámite de ponencia para el estudio de las más de 200 enmiendas registradas por los grupos, un trámite que se prolongará en las próximas semanas.

El PSOE propone suprimir las sanciones a las barricadas, ahora consideradas infracción grave en la Ley de Seguridad Ciudadana

En dicha enmienda, el PSOE propone directamente suprimir las sanciones a las barricadas, una de las acciones de protesta más frecuentes de los grupos independentistas radicales, mediante la eliminación del apartado tercero del artículo 36 de la ley actual que castiga como infracción grave (multa de entre 601 y 30.000 euros) la «obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos».

En otra enmienda, los socialistas proponen también despenalizar las manifestaciones espontáneas, aunque no se hayan comunicado previamente a la autoridad correspondiente. El Ejecutivo propone que «no constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta». Después matiza: «Siempre que no perturben la seguridad ciudadana, o lo hagan de manera poco relevante”.

La enmienda va en contra de la propia Constitución, ya que el artículo 21.2 de la Carta Magna, si bien reconoce «el derecho de reunión pacífica y sin armas» y precisa que éste «no necesitará autorización previa» añade la obligación de «dar comunicación previa a la autoridad» en «reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones».

«Necesaria abolición»

El PSOE llegó a presentar su propia proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero acabó renunciando a su texto en favor del de los nacionalistas vascos, que es sobre el que ahora trabaja el Congreso.

En el debate de su iniciativa, los socialistas ya defendieron entonces «la necesaria abolición de la consideración de infracción de la ocupación temporal de la vía pública», además de otras consideraciones como eliminar las sanciones «a los participantes pacíficos en manifestaciones, la sanción por manifestarse ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas, las sanciones por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de estas imágenes, los registros personales en lugares públicos (…) y otras infracciones por la falta de respeto o consideración a miembros de las fuerzas de seguridad o las que les atribuyen facultades excesivas de intervención desplazando las garantías judiciales». Así lo expuso el diputado del PSOE, Antonio Trevín.

Acuerdo con Podemos

Cabe recordar que en el acuerdo de Presupuestos firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ambos líderes se comprometieron a revertir los artículos de la ley del PP que, en su opinión, pretendían «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión».

El Gobierno ya pactó con Podemos «revisar» las infracciones en base a la «garantía de la libertad de expresión»

En concreto, el pacto defiende una «revisión en profundidad de los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión» y medidas como que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, que la actuación policial tenga como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos», que los agentes lleven siempre una identificación «claramente visible», que el registro corporal sólo se aplique en casos de «indicios concretos y comprobables» y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, o que se ajuste la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado.

Legalizar los piquetes

El acuerdo firmado entre el Ejecutivo y Podemos abría también la puerta a la revisión en el Código Penal de «aquellos tipos que», consideran Sánchez e Iglesias, «tienen una hiperregulacion tras las reformas legislativas introducidas por el PP», con referencia concreta al 315. 

Se trata del artículo que establece como delito las coacciones en caso de huelga. Es decir, los piquetes. Su eliminación daría también vía libre a estos grupos para radicalizar sus acciones y amenazas.

El Código Penal establece penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses para «los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga» y de hasta tres años si esas conductas «se llevaren a cabo con coacciones».