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Economía
VIVIENDA

Hacienda se forra con el precio de la vivienda: un 20% de todos los impuestos son del sector inmobiliario

La recaudación por la tributación de viviendas representa 52.200 millones de euros, un 3,5% del PIB en España

Los elevados precios de la vivienda en España podrían estar beneficiando no sólo a los grandes tenedores. Dada la elevada tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad de España -una de las mayores de la OCDE- la Administración Pública también recauda cifras históricas con el mercado inmobiliario: casi un 20% de todos los impuestos recaudados por Hacienda pertenecen al sector de la vivienda.

Esto significa que en torno a 1 de cada 5 euros generados por la recaudación de todos los impuestos proviene de este sector, convirtiendo a los inmuebles en una fuente clave de recaudación para los Gobiernos.

Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la fiscalidad de la vivienda y el alquiler en España es más gravosa que la mayoría de los países desarrollados.

En nuestro país Hacienda impone una carga fiscal más elevada que el resto de los estados sobre la adquisición, tenencia y enajenación de la vivienda, lo que supone para los expertos «una mayor presión fiscal sobre los hogares y las empresas que afecta negativamente al mercado inmobiliario».

Un filón para la recaudación

La vivienda se ha convertido en una oportunidad clave para los Ejecutivos con alto afán recaudatorio. Es tal la cantidad de impuestos que rodean a la tenencia de hogares que, cuanto más altos sean sus precios, mayor será la cifra recaudada por Hacienda.

Sólo respecto a la adquisición, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales sobre activos inmobiliarios en España tiene un tipo general del 11% que es de los más elevados de la UE situándose solo por detrás de Bélgica y el Reino Unido. Durante la tenencia del activo, España, junto con Noruega y Suiza, son los únicos tres países que aplican impuesto sobre el patrimonio neto.

En cuanto a la transmisión de la vivienda, REAF destaca que en el impuesto sobre las ganancias de capital -que grava las inversiones en vivienda- España presenta un tipo marginal máximo del 30%, situándose significativamente por encima del promedio europeo (16,4%).

Con todo ello, los economistas apuntan que «a presión fiscal sobre la vivienda en España es demasiado «elevada»: «La recaudación por la tributación de la vivienda representa aproximadamente 52.200 millones de euros, un 3,5% del PIB en España»

Según estimaciones de ASPRIMA publicadas en el informe, hasta una cuarta parte del coste total de la vivienda corresponde a impuestos. Esta carga tributaria suma, aproximadamente, el 10% del precio final para el promotor y el 8,8% del coste total para el comprador.

Tipos bajos, mayor actividad del mercado

Pese a todo ello, los economistas aseguran que los tipos máximos «no te aseguran una correspondiente mayor recaudación por figura tributaria». De hecho, apuntan que, a pesar de las diferencias normativas tan acusadas, «la Comunidad de Madrid logra obtener una recaudación suficiente también en el ámbito inmobiliario, ya que los tipos más bajos incentivan la actividad y las transacciones».

En el ITP, los tipos de Madrid (6%) son mucho más bajos que los de Cataluña (11%); sin embargo, subrayan que la recaudación media por habitante de Madrid es algo inferior, pero muy parecida, a la de Cataluña en este impuesto.

«Más allá de su afán recaudatorio, los gobiernos deben introducir reformas en la fiscalidad de la vivienda que vayan encaminadas a promover la inversión en este tipo de activos y fomentar la propiedad y el alquiler, aumentando la oferta disponible y facilitando el acceso a la misma», señalan desde el IEE.

Además, tras su exhaustivo análisis de la elevada presión fiscal sobre la vivienda, urgen rediseñar el sistema fiscal para garantizar «que los impuestos sobre este tipo de activos sean proporcionales a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos».

Sólo de esta manera se podría reducir al mínimo el impacto sobre las decisiones de los agentes, «promoviendo un imposición eficiente, equitativa y neutral y mejorando la competitividad del sistema en su conjunto».