Trabajo rechazó ayuda de funcionarios ajenos al SEPE durante el caos de los ERTE por falta de ordenadores

Trabajo rechazó ayuda de funcionarios ajenos al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en los momentos más duros del caos en el organismo por la gestión de los ERTE por falta de ordenadores portátiles. Según explican fuentes de los afectados y de la plantilla del SEPE, la ayuda de otros funcionarios de la Administración para agilizar la tramitación de los expedientes y evitar los retrasos en el pago de la prestación fue denegada pese a que se solicitó esa ayuda en el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo.

El texto legal, en su disposición adicional decimooctava regula la colaboración de otros funcionarios en las «áreas de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y en aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el covid-19».

«La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal», dice el texto.

Según explica a este diario uno de los ‘rechazados’, que prefiere mantener el anonimato, tras la publicación del Real Decreto los sindicatos solicitaron vía correo electrónico la colaboración de otros funcionarios de la Administración. «Solicité poder ayudar a través de mi superior jerárquico, como marca el texto de Real Decreto, rellenamos el formulario y diez días después remitimos la solicitud de colaboración al SEPE», explica.

A finales de abril recibió la contestación: «En primer lugar, muchas gracias por su interés en colaborar con el SEPE en estos momentos. El Real Decreto ley 11/2020 dispone en su disposición adicional decimooctava la posibilidad de colaborar voluntariamente con el área e empleo en tanto dure la situación del estado de alarma. No obstante, por el momento la Dirección Provincial de su ámbito territorial ahora mismo no dispone de más medios para habilitar la modalidad de teletrabajo, así que no podemos atender su solicitud. Si en el futuro la situación cambiase, tramitaríamos la misma».

A finales de abril, cuando se rechazó esa ayuda, el caos en el organismo era ya mayúsculo por la excesiva carga de trabajo en muy poco tiempo para los algo más de 7.000 empleados del organismo. Según explican fuentes de CSIF, primera central del SEPE, el trabajo ha aumentado desde marzo en un 531% respecto a la actividad normal.

En cambio, a los trabajadores se les ha creado por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una especie de ‘infierno laboral’: no se ha contratado a todo el personal prometido, 1.000 empleados, y no se ha pagado las horas extra realizadas, que en muchos casos se alargaban hasta los fines de semana.

Además de no contratar a todos los empleados prometidos, desde Trabajo se ha rechazado la ayuda externa por falta de ordenadores portátiles para garantizar el teletrabajo. «A nosotros tampoco nos han dado un portátil y hemos trabajado en muchos casos con nuestro material. Tampoco teléfonos, que en algunos casos han tenido que pagar de su bolsillo», aseguran empleados del organismo.

La consecuencia, como es sabido, es que miles de afectados por los ERTE no han cobrado su prestación en varios meses y, todavía en algunos casos, no han cobrado cuatro meses después porque ha habido algún error en el expediente. Estos errores se tienen que arreglar de manera presencial en algunos casos y, debido al atasco y al cierre de las oficinas, las citas se están retrasando hasta agosto.

Malestar de la plantilla

Mientras se rechazaba la ayuda de otros funcionarios -los empleados del SEPE recuerdan en cualquier caso que esa ayuda no hubiese sido muy efectiva porque la tramitación de un ERTE  «no se aprende en dos minutos»-, la ministra de Trabajo echaba más leña al fuego del enfado de los empleados del organismo.

Sus constantes referencias públicas a que el 98% de los ERTE ya estaban pagados contribuyó a que los afectados se enfadaran más y que enfocaran ese descontento en los empleados, que sufrieron amenazas.

Esto ha generado malestar en la plantilla y que alrededor de mil se hayan unido para exigir el pago de las horas extra. Llegaron a amenazar con hacer huelga, algo que no se ha concretado de momento. «No nos hemos olvidado, pero se necesita apoyo sindical y los sindicatos no están por la labor», explican.

El último conflicto es el teletrabajo. Según fuentes de este grupo de empleados, la situación en estos momentos es que la norma del teletrabajo que el Gobierno quiere aprobar para los funcionarios que tengan a su cargo hijos o personas mayores no se va a aplicar al SEPE por sus especiales características.