La Seguridad Social gasta 13.000 millones hasta septiembre en la protección extraordinaria al empleo

Las medidas de protección extraordinaria al empleo puestas en marcha por el Gobierno para afrontar los efectos de la pandemia de covid-19 han supuesto hasta el mes de septiembre 12.928 millones de euros, según ha informado al Congreso de los Diputados el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El grueso de este montante, según ha expuesto en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar de las políticas desarrolladas por su departamento por la crisis, así como por asuntos migratorios y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se lo lleva las exoneraciones del sistema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con 5.218 millones, que gestiona el Ministerio de Trabajo -cartera de Yolanda Díaz- .

Entre la prestación extraordinaria para autónomos (4.138 millones) y las exoneraciones a las cotizaciones de autónomos (2.203 millones) las medidas dirigidas a trabajadores por cuenta propia concentran más de 6.300 millones, mientras que la prestación por incapacidad temporal ha supuesto 1.369 millones.

Por meses, este montante ha ido decreciendo progresivamente desde mayo, cuando todas estas políticas alcanzaron un pico de 2.841 millones de euros, para ir cayendo hasta los 859 millones que supusieron el pasado mes de septiembre.

Segunda avalancha de ERTE

En su comparecencia, Escrivá ha destacado cómo se han incorporado cuatro de cada cinco trabajadores desde el pico de trabajadores acogidos a estas medidas en el mes de mayo (6,5 millones de personas). Actualmente, se ha reincorporado a la actividad el 80% de trabajadores en ERTE, desde el pico de 3,4 millones alcanzado a finales de abril hasta los 729.000 del pasado 30 de septiembre. No obstante, los expertos auguran una segunda avalancha de este tipo de expedientes.

En este sentido, ha asegurado cómo en el entorno internacional ha habido cierta «sorpresa» por el «nivel de activación logrado», especialmente por ser España un país con mayor afectación por la crisis del coronavirus y especializado en sectores con mayor nivel incidencia de las medidas adoptadas contra el impacto de la crisis del coronavirus en la economía.