La Seguridad Social cambia las normas con un giro histórico: sólo cobrarás el 50% durante 30 días en estas situaciones
Un cambio que afecta a aquellos trabajadores que llevan más de 180 días de baja
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Volver al trabajo después de haber pasado por una enfermedad grave no siempre es fácil. Recuperarse físicamente es sólo una parte del proceso, en la que hay que adaptarse de nuevo al ritmo laboral, el estrés y retomar la rutina. Y en este contexto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto un cambio que promete transformar la manera en que se gestionan algunas bajas médicas de larga duración en España.
El nuevo borrador presentado a los agentes sociales introduce un nuevo concepto: las altas médicas progresivas. De este modo, en lugar de reincorporarse de golpe a la jornada completa, los trabajadores que hayan estado más de seis meses de baja podrán volver durante 30 días a media jornada, recibiendo por ese periodo el 50% de la prestación por incapacidad más el sueldo correspondiente a esa media jornada. Se trata de una medida que busca hacer gradual la vuelta al trabajo, especialmente para quienes han atravesado procesos médicos complejos como tratamientos oncológicos. Aunque todavía es una propuesta en fase de desarrollo, ya ha generado opiniones entre sindicatos, empresas y asociaciones de pacientes, por lo que a continuación te explicamos en detalle en qué consisten estos cambios, cómo pueden afectarte y qué implican a nivel práctico.
La Seguridad Social cambia las normas con un giro histórico
La propuesta central del nuevo plan del Ministerio gira en torno a una idea clave: que no todos los trabajadores pueden o deben reincorporarse al 100% de su jornada tras una baja médica prolongada. Para muchos, especialmente quienes han pasado por intervenciones quirúrgicas, tratamientos agresivos o enfermedades graves, retomar la actividad laboral puede resultar abrumador. Por eso, el Gobierno quiere habilitar un periodo de 30 días de reintegración parcial, en el que el empleado sólo trabajaría media jornada y seguiría cobrando la mitad de su prestación por incapacidad temporal.
Este modelo ya existe en algunos países europeos, donde ha demostrado que ayuda no solo a mejorar la salud emocional y física del trabajador, sino también a reducir el riesgo de recaídas y nuevas bajas. En España, su aplicación supondría un cambio histórico en la manera de entender la relación entre salud y empleo. Aunque aún no se ha detallado qué enfermedades concretas permitirán acceder a este sistema, el enfoque inicial está especialmente pensado para enfermedades graves o crónicas que requieren una recuperación prolongada.
Desde el punto de vista económico, durante ese mes de transición el trabajador cobraría el salario de su media jornada y el 50% de la prestación que venía percibiendo. Esto implica que su ingreso total durante ese mes sería inferior al que tenía antes de la baja, pero se compensa con una reincorporación más llevadera y adaptada a su estado real.
Casos de pluriactividad: más flexibilidad para trabajar según las capacidades
Otra de las novedades más destacadas de este borrador es su enfoque hacia quienes tienen más de un empleo o compatibilizan varias actividades laborales, lo que se conoce como pluriactividad. El nuevo planteamiento permitiría que una persona que se encuentre de baja en una de sus ocupaciones pueda seguir trabajando en la otra, siempre y cuando su estado de salud lo permita y lo certifique un médico.
Imaginemos, por ejemplo, a alguien que trabaja como camarero por las mañanas y como administrativo por las tardes. Si su dolencia le impide continuar con el trabajo físico de la hostelería, pero puede seguir desempeñando tareas de oficina, este nuevo enfoque permitiría que no pierda toda su actividad laboral.
El objetivo del Ministerio es, en definitiva, adaptar el sistema a las circunstancias reales y no obligar a que una baja total signifique la desconexión completa del mundo laboral, especialmente en situaciones en las que una parte del trabajo sí puede mantenerse sin poner en riesgo la salud del afectado.
Un consenso amplio entre Gobierno, sindicatos y empresarios
Este borrador no surge de la nada, sino que forma parte del desarrollo de un acuerdo más amplio alcanzado en verano de 2023. En ese momento, el Ejecutivo pactó con sindicatos y patronal que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social tendrían un papel más activo en la gestión de las bajas médicas no laborales. Además, se recogieron las demandas de asociaciones de pacientes (especialmente oncológicos) que venían pidiendo desde hace años un modelo más flexible y humano para volver al trabajo después de largas convalecencias.
El respaldo al nuevo plan ha sido, de momento, mayoritario. Las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las empresariales (CEOE y Cepyme) ya mostraron su preocupación por el aumento del absentismo laboral y por la rigidez del sistema actual, que en ocasiones puede agravar el problema en lugar de resolverlo. La nueva fórmula intenta encontrar un equilibrio entre proteger al trabajador y garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social, un reto nada menor en el actual contexto económico y demográfico.
Por eso, este paso se enmarca dentro de una reforma más profunda que el Ministerio pretende llevar a cabo durante los próximos meses, de la mano de los agentes sociales y con un enfoque que priorice tanto la salud como la sostenibilidad del sistema.
Mejoras en la gestión
Junto con estas medidas de reincorporación progresiva, el Ministerio también estudia una reforma administrativa para que los procesos de incapacidad temporal sean más rápidos, eficaces y menos burocráticos. Entre las propuestas, destaca la posibilidad de que las mutuas propongan el alta médica al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las bajas inferiores a un año. Para aquellas que superen los 365 días y estén relacionadas con accidentes laborales o enfermedades profesionales, incluso se plantea que las mutuas puedan emitir el alta directamente.
Estas modificaciones buscan aliviar la carga de trabajo del INSS, especialmente en lo que respecta a la Inspección Médica, una de las áreas que más se ha visto desbordada en los últimos años. Para ello, se obligará a los servicios de salud a avisar con antelación cuando un trabajador esté próximo a cumplir un año de baja, especificando si hay revisiones pendientes o posibles mejoras.
Además, se prevé la creación de Equipos de Valoración de Incapacidades centralizados que puedan actuar a nivel estatal. Esta medida permitiría redistribuir recursos de forma más equitativa y reforzar aquellas zonas donde la gestión de bajas médicas está especialmente saturada, agilizando así todo el proceso.
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