El Santander seguirá su propia estrategia contra el impuesto a la banca para ganar en la Audiencia

El Banco Santander ultima su recurso contra el impuesto a la banca establecido por el Gobierno, que castigará la cuenta de resultados de todo el sector y que según el conjunto de la banca es inconstitucional y puede ir contra el derecho de la competencia de la Unión Europea, al introducir una desventaja entre las entidades españolas, que probablemente se verán obligadas a repercutir el tributo de nueva generación en los clientes, en todo caso estrechará su margen de beneficios y reducirá la capacidad de dar préstamos hasta en 50.000 millones.  Los bancos más grandes, como Santander, BBVA y Caixabank están siendo de los últimos en acudir a los tribunales, aunque tienen todavía tiempo para ello y lo van a hacer «porque el perjuicio va a ser muy importante», según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Se trata, al mismo tiempo, de las instituciones bancarias españolas -sobre todo Santander y BBVA- más internacionalizadas, que están buscando la estrategia más idónea para al final tener éxito en los juzgados. Por otra parte, todas ellas están cubiertas de alguna manera por la decisión ya adoptada hace tiempo por la Asociación Española de Banca (AEB) y la Ceca (que agrupa a todas las cajas de ahorro) de recurrir también el tributo. Las dos patronales fueron las primeras en reaccionar con sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la orden ministerial por la que se aprobaron los modelos de declaración y de pago anticipado del nuevo impuesto a la banca.

El nuevo tributo ha suscitado un alud de críticas de todas las instituciones financieras. El Banco Santander fue de los primeros en reprochar la implantación del impuesto y en cuantificar su impacto económico. Su entonces consejero delegado, José Antonio Álvarez, calculó en su momento que cumplir con el objetivo de recaudación de 3.000 millones en dos años, como pretende el Ejecutivo, restará al sector capacidad para prestar alrededor de 50.000 millones. También apuntó que los primeros que podrían sufrir por el impuesto son los accionistas, pero también la economía en general.

Todos los bancos y cajas españolas ingresaron entre el 5 y el 20 de febrero -que es el periodo legal habilitado por Hacienda- el 50% del impuesto establecido por el presidente Sánchez para gravar los supuestos ingresos extraordinarios que están obteniendo debido a las subidas de los tipos de interés, pero han decidido recurrir la nueva tasa. Las entidades financieras siguen estudiando cuál puede ser la mejor estrategia para salvaguardar sus intereses y ganar el pleito, porque todavía hay tiempo. La primera es la de hacer la declaración del impuesto, como han hecho, para luego autoimpugnar la propia liquidación ante la Agencia Tributaria, y en caso de que esta resuelva negativamente acudir en alzada al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Otra posibilidad es la de recurrir la orden administrativa que desarrolla la ley del impuesto ante la Audiencia Nacional. Las dos vías son complementarias, por lo que, de acuerdo con fuentes del sector financiero, los bancos utilizarán las dos. El nuevo impuesto establecerá una tasa temporal que pretende recaudar alrededor de 1.500 millones al año y estará en vigor hasta 2024. Esa cuantía afecta a tres parámetros escogidos por el Gobierno: ingresos de la banca por márgenes, intereses y comisiones.  Estos afectarán sólo a los bancos que ingresen más de 800 millones en intereses y comisiones, que aglutinan en torno al 80% de la facturación del sector. De esta forma, el radio de acción del impuesto llega a las grandes entidades (Banco Santander, CaixaBank,  Sabadell y Bankinter) y a algunas entidades medianas (Ibercaja, Unicaja, Kutxabank o Cajamar). De momento, han presentado recurso Sabadell, Bankinter, Ibercaja y Kutxabank.

La oposición de la banca al impuesto -lo mismo que en el caso de las eléctricas con el tributo correspondiente- desató en su momento la ira del presidente Sánchez con ataques personales ‘ad hominem’ contra Ana Botín e Ignacio Sánchez Galán, máximos representantes del sector financiero y del eléctrico. «He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botin, al señor Galán… en fin, si protestan es que vamos en la buena dirección», afirmó hace unos meses el presidente en una comparecencia en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo destacó que «son los mismos que protestaron y dijeron que subiendo el salario mínimo y que con esta reforma laboral se iba a caer España».

Lo cierto, sin embargo, es que la subida del salario mínimo ha impedido la contratación de más de cien mil empleos de jóvenes y de ciudadanos en situación más precaria, según los datos de la patronal empresarial CEOE, y que la contra reforma laboral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sustituido los empleos temporales por una explosión de los contratos fijos discontinuos y un aumento masivo de la contratación de funcionarios -34.000 más sólo en los dos últimos meses-.