Las principales ciudades dejan de ingresar 17 millones al año de IBI por el retraso de las licencias de obra

El retraso de hasta un año de las licencias de obra nueva supone un gran perjuicio económico para las promotoras inmobiliarias, los clientes, pero también para los ayuntamientos, que dejan de ingresar sustanciales cantidades de dinero en concepto de tasas e impuestos. Según cálculos de Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), seis de las grandes ciudades del país -Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Palma- pierden más de 17 millones al año en concepto de IBI urbano por los retrasos de las licencias.

«Los propietarios de nuevas viviendas están exentos de abonar el IBI durante el proceso de construcción de la vivienda, así que el año de retrasos que acumulan los ayuntamientos con las licencias de obra nueva supone un año perdido de ingresos. Ese IBI es irrecuperable para ellos», explica Daniel Cuervo, director general de Asprima a OKDIARIO.

Los dos grandes consistorios del país, Madrid y Barcelona, pierden en este concepto 10.012.117 euros y 4.230.500 euros, respectivamente; les sigue el consistorio de Valencia con 1.506.314 euros; después Palma con 637.178 euros; Zaragoza, con algo más de 558.000 euros y Málaga, que deja de ingresar 177.233 euros.

Los ayuntamientos de Barcelona, Valencia y Zaragoza cuentan con la particularidad de que la concesión LPO (licencia de primera ocupación) está incluida como una declaración responsable o acto comunicado. A efectos prácticos, esto supone que los propietarios pueden disponer de la vivienda cuando esté terminada.

Además del IBI, las arcas publicas consistoriales también retasan el ingreso de otros impuestos como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o la tasa de Vados.

Digitalización y externalización 

Las promotoras inmobiliarias tardan una media de 12 meses en recibir las licencias de obra nueva. El plazo supera de largo los tres meses recomendados por ley para las obras mayores y el mes para las obras menores. En cuanto a la licencia de primera ocupación, el proceso se alarga por tres meses.

Estos interminables y perjudiciales plazos se podrían agilizar, según Asprima, dotando de más recursos a la administración pública, externalizando la gestión de algunos procedimientos y digitalizando los procesos.

«Muchos ayuntamientos no tiene los medios adecuados ni de personal ni de tecnología. Tampoco están bien coordinados y se producen cuellos de botella entre los expedientes. Esto significa que el proyecto de construcción de una casa de 50 metros va por el mismo canal de tramitación que una un proyecto de 300 viviendas», explica el director general de Asprima.