Planas ignora a los agricultores: rechaza bajar el IRPF a los plásticos mientras su precio roza máximos históricos

El pasado jueves el Ministerio de Agricultura puso sobre la mesa su propuesta para el cálculo del IRPF que tendrán que pagar los agricultores españoles en 2027, y lo cierto es que el trámite empieza mal; no solo porque la rebaja impositiva ideada para compensar el coste de la crisis energética se queda por debajo de lo que pedían los profesionales del sector, también porque el Gobierno parece haberse olvidado de los plásticos.

Desde que empezara la guerra de Irán hace ahora ocho meses y con ella la crisis inflacionista de los insumos fósiles, las reclamaciones de los agricultores se han centrado en los fertilizantes y el gasóleo, nada extraño dado que, de media, ambos suponen un 21% del coste de producción de cada explotación, y hay que tener en cuenta que este dato está desfasado porque proviene de la estadística de rentas del Ministerio de Agricultura (Ecrea), cuya última edición data de 2024.

Evidentemente, en las actuales circunstancias, tanto los abonos como los carburantes han ganado peso como los gastos que más pesan en la cuenta de resultados de las explotaciones agrícolas —el gasóleo B (el que utiliza el sector primario) es hoy un 60% más caro que antes de que empezara la guerra en el Golfo, el pasado 28 de febrero—, pero muy de cerca les sigue el plástico, que en el campo se utiliza para prácticamente todo (sobre todo, en la huerta, para hacer cubiertas protectoras).

No hay una estadística oficial que recoja la cotización real de los numerosos productos de uso agrícola que se fabrican a partir de este derivado del petróleo, entre otras cosas porque hay centenares de ellos y de distinta tipología y calidad, pero desde las organizaciones agrarias aseguran que los encarecimientos están siendo de doble dígito. Además, si se toma como referencia la cotización en los mercados internacionales de los principales materiales que compra la industria petroquímica proveedora del sector agroalimentario, los datos son muy claros; desde el 28 de febrero, el polietileno se ha encarecido más de un 30% (según datos del portal Trading Economics), mientras que el polipropileno ha sufrido un alza del 42%.

Según explica a OKDIARIO Andrés Góngora, secretario general de la organización agraria COAG, esto ha llegado a traducirse en incrementos de alrededor del 100% en el precio que pagan los profesionales del campo por algunos productos; el plástico de la menor calidad, explica, subió a un máximo de cuatro euros por kilo, aunque en las últimas semanas el precio ha cedido.

Aun así, en el mundo rural la preocupación es grande porque ni los EEUU ni Irán han mandado aún ninguna señal que indique que la resolución del conflicto esté cercana, de modo que dan por descontado que el plástico seguirá sometido a fluctuaciones severas.

Como ya se ha avanzado, esto es un problema porque los agricultores utilizan este material para prácticamente todo. Para hacer invernaderos, sí, pero también para evitar el crecimiento de malas hierbas o para conservar la humedad de la tierra; en una única explotación de huerta —ya sea de tomate, pimiento o calabacín—, por ejemplo, se pueden requerir cientos de metros de plástico para desplegar una cobertura alrededor de las plantas. Y en el caso de los árboles frutales —cuando son jóvenes— o los olivos, se emplea para proteger la cepa de los ataques de los conejos, utilizándose como una suerte de funda alrededor del tronco.

A pesar de esto, hasta ahora el paquete anticrisis del Ejecutivo —en lo que afecta al campo— se ha centrado en subvenciones y ayudas fiscales para la adquisición de gasóleo B y fertilizantes, mientras que el plástico ha quedado como el gran olvidado. Precisamente por ello, desde COAG aseguran que esperaban que la propuesta de cálculo del IRPF que se presentó el pasado jueves introdujera alguna medida focalizada hacia este producto, pero no ha sido el caso, aunque hay tiempo de enmendarlo porque la norma está en período de consultas.

Concretamente, el documento publicado por el Ministerio de Agricultura es el proyecto de orden por el que se desarrollará para el año 2027 el método de estimación objetiva del IRPF. Como su nombre indica, este mecanismo es un régimen especial —sólo disponible para personas con ingresos inferiores a 250.000 euros al año— que simplifica los procesos al eximir a los beneficiarios de tener que llevar la cuenta de sus gastos reales, ya que les permite calcular su rendimiento neto (la cuantía que Hacienda utilizará para fijar la base imponible) a partir de unos índices establecidos por defecto, en función del tipo de explotación.

Para calcular la renta a pagar por cada agricultor, se toma el índice que le corresponda (que Hacienda definirá en base a variables como el tipo de cultivo o el lugar) y se multiplica por la suma de todos sus ingresos. A partir de ahí, a este resultado se le aplican reducciones por amortización de materiales o índices correctores, así como una reducción general que hasta ahora era del 5%, pero que, debido a la crisis energética, el Gobierno propone elevar al 10%.

Junto a esto último, las otras medidas estrella que Planas ha puesto encima de la mesa son sendas minoraciones del 35 y el 15% en el rendimiento neto previo por adquisición de gasóleo y fertilizantes. Así, los profesionales del sector verán reducido el índice sobre el que multiplican sus ingresos (en la renta del año pasado, por ejemplo, el índice del cereal fue un 0,26) y, por tanto, su base imponible.

El problema con estos porcentajes, que, como ya se ha avanzado, no son definitivos, ya que la orden apenas ha salido a período de consultas y los sectores afectados aún pueden presentar alegaciones, es que —en el caso de los fertilizantes— se queda por debajo de lo que pedía el sector; y, por supuesto, falta una minoración tributaria para la compra de plásticos, explica Andrés Góngora.

Además, el debate no está ni mucho menos zanjado, ya que aún está pendiente de publicación la orden de reducciones por circunstancias excepcionales, una norma suplementaria a la orden de módulos y que el Ministerio presenta cada año —habitualmente en primavera— para compensar las pérdidas por circunstancias excepcionales sufridas durante el ejercicio precedente (por ejemplo, por fenómenos meteorológicos) vía minoraciones extraordinarias en los índices; así las cosas, el campo tendrá una segunda oportunidad para conseguir una reducción extra en el IRPF y aliviar un poco más las pérdidas experimentadas durante el annus horribilis que ha sido 2026.