El plan fiscal del Gobierno socialcomunista impulsa el interés empresarial por ‘fugarse’ a Portugal y Reino Unido
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recibido varias consultas de empresas e inversores para interesarse por las opciones de deslocalización y traslado al exterior ante el anuncio de cambios y subidas de impuestos del nuevo Gobierno de coalición, y han negado que las compañías paguen solo un 5% por el Impuesto de Sociedades, ya que no se tiene en cuenta lo que abonan sus filiales en las jurisdicciones donde operan.
También reclama una Ley de Garantías y Derechos del Contribuyente, una mayor actuación preventiva de la Agencia Tributaria y que los tribunales económico-administrativos no dependan orgánicamente del Ministerio de Hacienda.
Así lo ha señalado la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, en un encuentro informativo tras la renovación de la directiva de la asociación y para presentar los objetivos para el nuevo ejercicio, en el que ha defendido que «no se puede legislar al golpe del momento» y ha reivindicado que sea un «imperativo legal» la seguridad jurídica, ya que en España, a pesar de la «calma» por el «impasse» político de los dos últimos años, se produce un «continuo cambio de normas», algo que perjudica a las empresas a la hora de realizar inversiones.
Ante los cambios fiscales incluidos en el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno de coalición, que contempla subidas del IRPF a rentas altas, mayor control sobre las ‘sicav’ o el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades, Raventós ha reconocido que en la asociación han recibido varias consultas de empresas e inversores interesándose por las posibilidades de localizarse en Portugal y en Reino Unido.
A este respecto, ha afirmado que «no se puede decir que las empresas pagan un 5% en Sociedades, no es cierto», ya que en ese cómputo del tipo del tributo se contemplan las compensaciones por pérdidas y no se tiene en cuenta lo que la empresa paga por dicho impuesto en el exterior a través de las filiales, por lo que el tipo que se contabiliza «no es real».
El vicesecretario de Aedaf, Eduardo Gracia, ha subrayado que «todos» los ciudadanos deben contribuir al gasto público, pero ha reivindicado que esta sea mediante «medidas equilibradas», y ha recordado que los impuestos entre los Estados miembros de la UE se convierte en un elemento de competencia, a pesar de que la UE ha actuado en los últimos años para corregir las diferencias.
La competencia fiscal también se produce entre comunidades autónomas, como en el caso de la Comunidad de Madrid, que presenta una menor imposición, algo que para los asesores fiscales es «absolutamente legítimo» al hacer uso la región de autonomía fiscal. «Si un Estado decide subir mucho los impuestos, la gente se traslada a otro», ha avisado Raventós, quien ha matizado que estas deben producirse ordenadamente, de forma que se pague el impuesto donde se crea el valor.
Este principio es el que rige en los trabajos para el establecimiento de una solución en el marco de la OCDE al pago de tributos por parte de las grandes multinacionales tecnológicas, conocido como ‘tasa Google’, en la que España trabaja en paralelo, algo que desde Aedaf circunscriben al «ámbito político», y aclaran que por el momento estas grandes c
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