Los pensionistas cobrarán la paga extra de verano a tiempo tras la aprobación de los Presupuestos

Los pensionistas españoles van a cobrar la paga extra de verano a tiempo tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 que este lunes concluyen su tramitación parlamentaria en el Senado. A pesar que desde la oposición se había trasladado el mensaje de que la Seguridad Social no podría ingresar el dinero a finales del mes de junio, la realidad es que el organismo público no tendrá problemas para realizar los desembolsos en el plazo establecido.

La clave de esta cuestión es la decisión del Gobierno de no agotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la denominada hucha de las pensiones), que en la actualidad dispone de 15.158 millones de euros. Este importe no es suficiente para cubrir el abono de las dos pagas extraordinarias que cobran los pensionistas españoles (una en verano y la otra en navidad).

Para solventar el problema, el Ejecutivo incluyó en los Presupuestos una emisión de casi 10.200 millones de euros por parte del Tesoro Público, que se entregará a la Seguridad Social como un “crédito extraordinario” con un plazo de devolución de 10 años a un interés del 0%. Ahora, con la aprobación del proyecto de Ley de PGE para 2017 se garantiza que sea el Estado el que cubra vía presupuestaria una parte de los gastos de la Seguridad Social, organismo que hasta ahora se ha financiado mediante las cotizaciones que pagan los ciudadanos y las empresas.

En concreto, el desembolso que realizará el organismo al final de esta semana será de 18.500 millones de euros, que incluyen la mensualidad correspondiente, la citada paga extraordinaria y los 1.000 millones de euros por la liquidación del Impuesto de la Renta (IRPF) de los pensionistas. La mitad de este importe deberá ser cubierto bien acudiendo al Fondo de Reserva o con las aportaciones del Tesoro.

No obstante, otorgar créditos extraordinarios con la liquidez obtenida mediante emisiones de deuda pública no va a ser la tónica general en el futuro o, al menos, esa no es la intención del ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez. El objetivo es que los ingresos por cotizaciones crezcan más que los gastos y para ello será necesario alcanzar la mágica cifra de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, reducir algunas prestaciones y, el elemento más polémico: eliminar el tope a la base máxima de cotización para elevar la recaudación, un aspecto que el Gobierno está dispuesto a estudiar.

Báñez acepta subir un 3% las cotizaciones sociales de los salarios más altos siempre que esta medida se acompañe de un incremento de las pensiones máximas. La medida serviría para incrementar la recaudación de la Seguridad Social al mismo tiempo que se evitaría perjudicar a los empleados que más contribuyen al mantenimiento del sistema de protección social. Y es que no se puede obviar que al cierre de 2016 la caja del sistema de protección registró un déficit de 18.000 millones de euros, el mayor de su historia, que no permite seguir haciendo aportaciones al Fondo de Reserva.

El arranque de 2017 permite ser optimistas, ya que los ingresos por cotizaciones sociales están creciendo a un ritmo del 6%, lo que supone duplicar el ritmo de incremento del empleo. Sin embargo, el volumen total de pensiones contributivas sigue elevándose, alcanzando los 8.709 millones de euros en abril, un 3,1% más que en el mismo mes de 2016.

Los diferentes grupos parlamentarios están estudiando una reforma del sistema que permita eliminar el déficit estructural de la Seguridad Social y lo están haciendo en el marco del Pacto de Toledo, aunque la batalla política hace casi imposible que se llegue a un documento de consenso que alumbre un nuevo diseño del modelo de financiación al menos en la presente Legislatura.