Ocho meses después, EEUU no puede justificar por qué dinamitó la banca andorrana

Han transcurrido ocho meses desde que el Departamento de Delitos Financieros del Tesoro de EEUU (FinCEN), remitiera al Gobierno de Andorra un informe demoledor sobre las presuntas actividades ilícitas de BPA, documento que acabó provocando la intervención de la entidad y que ha hundido al Principado como plaza financiera internacional. Hasta ahora, ninguna de ambas instituciones públicas han sido capaces de demostrar la existencia de irregularidades que justificaran la intervención.

Y todo ello a pesar del equipo de auditores de la firma internacional PwC, que llevan meses escudriñando las cuentas de BPA sin que, por el momento, hayan demostrado el supuesto origen ilícito de determinados activos de la entidad. El coste de la auditoría superará los 20 millones de euros

El Tesoro de EEUU recurrió a la sección 311 de la célebre Patriot Act para acusar a BPA de lavar dinero procedente de actividades delictivas

El Tesoro de EEUU recurrió a la sección 311 de la célebre Patriot Act para acusar a BPA de lavar dinero procedente de actividades delictivas. Esta sección se aplica sin que haya ningún tipo de intervención judicial por parte de las autoridades norteamericanas.

Según confirman fuentes del sector, “se trata de un instrumento discrecional y arbitrario que destruye a las entidades sobre las que se aplica sin poder preservarse el más fundamental derecho de presunción de inocencia”.

Una página web se dedica a denunciar públicamente el poder que tiene el Tesoro de EEUU para acusar a las entidades financieras de todo el planeta mediante un procedimiento administrativo, no judicial. Éste video resume los principales argumentos:

Sólo las autoridades norteamericanas conocen hasta que punto las pruebas son suficientes para poder aplicar la sección 311 de la Patriot Act, lo que supone un enorme grado de inseguridad jurídica, tal como señala el semanario británico The Economist.

La intervención de BPA, que era el tercer banco andorrano por volumen de activos bajo gestión con 9.000 millones de euros, también se llevó por delante a su filial en España, Banco Madrid, que actualmente está en proceso de liquidación. El fondo de rescate del Gobierno español (el FROB) ha decidido dejarlo caer y cubrir a los depositantes con un máximo de 100.000 euros por cuenta.

Hay precedente: el FBME Bank de Tanzania

La familia Cierco, accionista mayoritaria de BPA, han mandado una carta al FinCEN solicitando la retirada de las acusaciones. En la misiva recuerdan al organismo una reciente sentencia del 27 de agosto de un juez de Columbia que anula un informe similar emitido por el FinCEN sobre la entidad FBME Bank, que opera en Grecia y tiene su sede en Tanzania.

El juez considera que el Tesoro de EEUU no fundamentó las acusaciones y las medidas adoptadas.  El caso de esta entidad es más grave incluso que el de BPA, ya que el FinCEN le acusaba de operar con Hezbolá y con grupos terroristas sirios.

Según ha podido confirmar Okdiario, la familia Cierco está a la espera de respuesta y estudia demandar a la unidad antifraude norteamericana por el terrible daño que ha generado sobre su patrimonio, los depositantes y el sistema financiero del Principado.