Nicaragua cierra la Cámara de Comercio española en el país y otras 150 organizaciones empresariales

El Gobierno dictatorial de Nicaragua ha anunciado este jueves el cierre de 151 organizaciones empresariales, entre las que se encuentra la Cámara Oficial Española de Comercio en Nicaragua y la Cámara de Comercio Americana (Amcham). El régimen del país continúa así con su escalada represiva contra las ONG y su labor.

Así, el Ministerio del Interior de Nicaragua emitió una orden, publicada en la Gaceta Oficial del país, en la que se justifica el cierre de varias organizaciones bajo el pretexto de que no han cumplido con la obligación de presentar sus datos financieros a las autoridades.

«La suscrita Ministra del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, acuerda aprobar la Cancelación de Personalidad Jurídica de 151 Organismos sin Fines de Lucro, por estar en incumplimientos a las Leves que los regulan», consta en el diario oficial.

«Los (…) organismos, han incumplido con sus obligaciones conforme marco normativo, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron por períodos de entre 01 hasta 31 años sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus Juntas Directivas», sentencia.

Nicaragua cierra la Cámara de Comercio

Este es un argumento comúnmente utilizado por el régimen de Daniel Ortega para llevar a cabo acciones de este tipo. En particular, se acusa a la cámara de comercio española, que tenía como objetivo fomentar relaciones empresariales entre España y Nicaragua, de no haber entregado los estados financieros correspondientes al periodo 2022-2023 y de mantener una junta directiva caducada desde febrero del año pasado.

El anuncio de la disolución de esta cámara se suma a la decisión del gobierno, comunicada el lunes, de cerrar 1.500 organizaciones de la sociedad civil. Según datos de Naciones Unidas, desde finales de junio de 2022, más de 5.000 ONG han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, en lo que parece ser una estrategia sistemática del régimen de Ortega para restringir el espacio cívico y silenciar a la sociedad civil en el país.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU tachó de «profundamente alarmantes» las últimas medidas, advirtiendo de que en el país es «cada vez más difícil» defender los Derechos Humanos sin someterse a la presión o las represalias del Gobierno de Ortega.