La negativa del Gobierno a deflactar el IRPF eleva un 30% la presión fiscal a las familias

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha calculado que la no corrección por inflación del IRPF por parte del Gobierno, supone para una familia de cuatro miembros con unos ingresos brutos de 50.000 euros un incremento del 30% en la cuota del impuesto IRPF, aunque los efectos son aún mayores en términos proporcionales para las rentas más bajas. De esta forma, en su último informe, Fedea ha analizado las consecuencias de la no actualización por inflación de la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que no se han tocado desde 2015.

Teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde entonces es de casi el 27%, la no actualización ha supuesto una subida «muy significativa del impuesto IRPF por un procedimiento poco transparente para los ciudadanos», según ha advertido la Fundación.

Incremento del 30% en la cuota del IRPF

Los expertos han explicado que la inflación hace que la renta monetaria de los contribuyentes aumente, aunque su poder adquisitivo no lo haga, empujándoles hacia tramos superiores de la escala de gravamen en los que se pagan tipos más altos aunque la renta real siga siendo la misma.

Con todo, y según los cálculos de Fedea, en el caso de una familia de cuatro miembros con unos ingresos brutos de 50.000 euros, la no corrección por inflación habría supuesto un incremento del 30% en la cuota del impuesto IRPF, aunque los efectos son aún mayores en términos proporcionales para las rentas más bajas.

Reforma de la ley de suelo

En este informe, Fedea también ha analizado la falta de aprobación de la reforma de la ley del suelo para evitar retrasos innecesarios en la construcción de vivienda y de la creación de una Agencia de Salud Pública considerada esencial para mejorar la respuesta a posibles futuras pandemias.

Para Fedea, el «fracaso» de estos dos proyectos pone de manifiesto la incapacidad de los representantes políticos, y en particular de los dos grandes partidos centrales, PSOE y PP, para llegar a acuerdos incluso en cuestiones de interés general en las que no hay diferencias sustantivas entre ellos. «Por el bien del país, ambos deberían recapacitar», han instado los expertos.

Por un lado, Fedea considera que la reforma de la ley del suelo, o más bien las razones que la hacen necesaria para acortar los largos plazos de construcción de vivienda, se debe en parte a la frecuente paralización de la actividad urbanística e inmobiliaria en barrios o incluso ciudades enteras ante la anulación del correspondiente plan urbanístico.

El origen del problema, según Fedea, tiene que ver con el estatus legal de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, que en España se consideran normas legales con rango de reglamento en lugar de meros actos administrativos. Como tales, están sujetos a control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con un rígido régimen legal que termina generando una notable inseguridad jurídica en el ámbito inmobiliario.

Otro proyecto preocupante, según esta fundación, es la trasposición de una directiva europea sobre las obligaciones de información de las empresas en materia de «sostenibilidad.» Este concepto se interpreta en la directiva en un sentido extraordinariamente amplio que, además de cuestiones medioambientales, incluye temas sociales, de personal y de gobernanza, así como la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción y el soborno.

Para cada una de estas cuestiones, el texto exige a todas las empresas de un tamaño no demasiado elevado (de más de 250 empleados, en el mejor de los casos) que presenten un detallado informe que recoja, por un lado, como afectan a su negocio las cuestiones de «sostenibilidad» y, por otro, el impacto de las actividades de la propia empresa y de su cadena de valor sobre la sostenibilidad y otros objetivos sociales, incluyendo sus planes detallados para contribuir a alcanzarlos.

Para Fedea, la norma impone a una parte muy importante de las empresas la obligación de llevar a cabo un «complejo y costoso» ejercicio que va mucho más allá de la provisión de información objetiva sobre su actividad, sin que quede claro qué se espera conseguir a cambio, y les atribuye una responsabilidad de contribuir activamente a la lucha contra lacras sociales que va más allá de lo razonable.