Montero trabaja en un recorte de deducciones fiscales y desgravaciones en IVA, IRPF y Sociedades

El Ministerio de Hacienda que controla María Jesús Montero ‘compra’ la subida de impuestos que planteó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), que propuso en pleno julio que ve conveniente un recorte de los beneficios fiscales y desgravaciones en el IVA, el IRPF y Sociedades. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 podría incluir ya algunas de las propuesta del Spending Review (Revisión de los gastos, en español) del organismo que dirige Cristina Herrero.

Tras la recomendación de la Airef, el departamento de Montero ha contestado al organismo detallando que «el Gobierno ha explicitado su compromiso de incorporar en el proceso presupuestario, como base para las necesarias reformas que han de adoptarse, las diferentes recomendaciones de esta segunda fase». De hecho, el Ministerio de Hacienda dice que «comparte esta recomendación y la tendrá en cuenta a la hora de diseñar la estrategia fiscal a medio plazo».

Es decir, que más allá de los compromisos con Podemos para apuntalar una fuerte subida de impuestos durante la legislatura, se avecina otra subida de impuestos en España para pagar el coste de la crisis del coronavirus que cambiará el IVA y el IRPF, dos tributos que pagan especialmente las clases medias.

¿Qué se plantea en el IVA?

Concretamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal propone una revisión de los tipos reducidos de IVA. El propio vicepresidente Pablo Iglesias ha abonado el terreno diciendo recientemente que no es positivo que se pague el mismo IVA por un yate que por los productos de higiene femenina.

Según la Airef los tipos reducidos del IVA benefician tanto a rentas altas como bajas, algo unido inseparablemente a este tributo, que lo pagan más las clases más bajas y le afecta menos a las más altas.

Es decir, que una de las opciones sobre la mesa es eliminar los tipos reducidos y compensar a las rentas más bajas con medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a estos bienes. Es decir, que podría sustituirse los impuestos más bajos por subvenciones, algo que encaja en la ideología del Gobierno socialcomunista.

Planes de pensiones e IRPF

De todos los impuestos analizados, el único que el organismo cree que no cumple con el objetivo es la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social, por lo que pide reformular completamente el beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones que se acuerden en el Pacto de Toledo. La AIReF concluye que este beneficio fiscal no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo, además de ser el más regresivo de todos, ya que el 67% del beneficio lo recibe el 10% de los españoles con más renta, que se traduce en un gasto para el Estado de 1.101 millones de euros.

Esta propuesta de la Airef ha enfadado sensiblemente a numerosos empresarios, que consideran que con los problemas que hay para sostener la Seguridad Social a largo plazo no es el momento de eliminar incentivos a las aportaciones a planes de pensiones privados.

Reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF

En el caso de la reducción por arrendamiento de viviendas en el IRPF, que pretende fomentar la oferta de viviendas en alquiler, la AIReF concluía en julio que el beneficio fiscal ha generado «un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado», aunque proponía reformular el incentivo, reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especiales necesidades en áreas metropolitanas. Puede ser otra de las opciones que incluya el Gobierno en su hoja de ruta a medio lazo, según la respuesta dada por Hacienda a la Airef.

Tipo reducido de las sicav

En cuanto a los tipos reducidos de las sicavs, diseñados para fomentar la inversión colectiva y diversificada a través del pago de solo un 1% del Impuesto de Sociedades en lugar del 25% generalizado, el organismo constata una alta concentración de las acciones en un número reducido de accionistas «que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión».

En este sentido, se proponen reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión en los términos previstos en la normativa. Actualmente, el coste de estos tipos reducidos para las sicavs asciende a 214 millones de euros, mientras que, para las socimis, es de 109 millones de euros. No se obtendrían ingresos llamativos con esta medida pero sí que encaja también con el planteamiento ideológico del Ejecutivo de castigar a las rentas más elevadas, aunque esto suponga en realidad una penalización al crecimiento económico a medio y largo plazo.