MAFO y Segura se libran del juicio por la salida a Bolsa de Bankia que orquestó Salgado

El pasado 26 de junio, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tomaba posesión de su cargo aludiendo al «enorme desgaste» que ha sufrido una institución que, según sus palabras, debe fundamentar su independencia sobre el «análisis y decisiones basadas en el máximo rigor intelectual». Con estas palabras, Hernández de Cos ponía el dedo sobre una llaga que este lunes se ha reabierto con la ausencia del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en el banquillo de los acusados por la salida a Bolsa de Bankia.

Como señalaba hace cuatro días en OKDIARIO el abogado que impulsó este caso desde la antigua UPyD, Andrés Herzog, es incomprensible que el ex gobernador del Banco de España y la CNMV no estén encausados en el macrojuicio que se celebra en San Fernando de Henares (Madrid).

Como bien fundamentan las defensas de los acusados -y en primer lugar, la del ex presidente de la entidad Rodrigo Rato-, Bankia salió a Bolsa con una autorización del Banco de España y la CNMV, entonces dirigida por Julio Segura. Es más, la operación, contó con la simpatía del Ministerio de Economía, en aquel julio de 2011 dirigido por Elena Salgado. De hecho, la propia ex ministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero admitió que desde el Ejecutivo se forzó esta operación.  Lo hizo en la Comisión en el Congreso para la investigación de la crisis financiera y el rescate bancario, en la que también destacó que tanto la CNMV, como el Banco de España actuaron con total independencia.

Más allá de si actuaron o no con la independencia que debe exigirse a los reguladores y supervisores, lo cierto es que tanto el Banco de España, como la CNMV dieron el visto bueno a una salida a Bolsa que se colocó en sucursales entre inversores minoritarios, mientras los institucionales mostraban sus recelos a invertir en un conglomerado de cajas en plena tormenta financiera internacional. Tanto fue así que Bankia tuvo que rebajar su precio de salida en los días previos a su debut en el Palacio de la Bolsa de la Plaza de la Lealtad hasta los 3,75 euros por título.

Entre los 33 acusados que van a ser juzgados sí figura el socio de la auditora Deloitte que firmó las cuentas de la entidad nacida de la unión de Caja Madrid, Bancaja y otras cajas más pequeñas (Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caxia Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja) y su matriz BFA (Banco Financiero y de Ahorros). Se trata de Francisco Celma Sánchez, socio director de la auditora.

Las preferentes archivadas

Las consecuencias de aquella chapucera salida a Bolsa son de sobra conocidas y se unen al escándalo de las preferentes de Bankia. Sin embargo, en este último caso, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, decidió archivar esa pieza separada del caso Bankia al no quedar acreditado que se emitieran para «engañar a los inversores de forma global». Lo curioso en este caso, es que el archivo llegó después de que el banco nacionalizado hubiera devuelto a los tenedores de preferentes más de 2.800 millones de euros, que de otro modo hubieran ido a las arcas públicas.

El malestar social y el mensaje de inseguridad jurídica que ha provocado la actuación de los reguladores y supervisores del mercado español todavía sigue dañando a las instituciones nacionales. Como ha quedado de manifiesto en la primera sesión de este macrojuicio, la Fiscalía quiere mostrar su cara más dura con los gestores de la entidad. Pero quienes autorizaron su operativa podrán seguir el juicio a través de la prensa, pese a que no supieron proteger a los inversores de una salida a Bolsa que ahora se juzga como una posible estafa.