MAFO declara que nunca vio los informes que advertían de los riesgos de la salida a Bolsa de Bankia

El ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha declarado ante juez Fernando Andreu que no conocía la existencia de los cuatro correos electrónicos en los que el inspector José Antonio Casaus advertía de los riesgos de la salida a Bolsa de Bankia. Estos informes desaconsejaban aprobar la operación porque, si salía adelante, supondría engañar a los inversores y acelerar el rescate de la antigua caja de ahorros con dinero público.

En su declaración como imputado (ahora investigado tras la reforma del Código Penal) ante el Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernández Ordoñez (conocido como MAFO) ha dicho que en su cargo de gobernador del Banco de España no tenía por qué conocer este tipo de informes incluidos en correos electrónicos.

MAFO ha seguido el guión marcado por el ex jefe de inspectores del organismo, Pedro Comín, que eximió ante el magistrado al ex gobernador indicando que los citados informes sólo se pusieron en conocimiento de su superior, Pedro González, y del director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello.

Fernández Ordóñez sólo ha comparecido durante una hora ante el juez Andreu, tras la declaración del que fue su número dos en el Banco de España, Javier Aríztegui cuando se produjo la irregular salida a Bolsa de Bankia en 2011. El subgobernador ha considerado que los activos de la entidad financiera están valorados de forma correcta y ha negado presiones políticas para aprobar la operación.

Hay que recordar que los peritos del Banco de España dictaminaron que los balances financieros presentados para sostener la entrada de Bankia en el Ibex 35 “no reflejaban la imagen fiel de la entidad”. Rato y su equipo declararon un beneficio de 591 millones de euros en el ejercicio 2011 cuando se habían registrado unas pérdidas de 62 millones. Es decir, una diferencia de 653 millones de euros. Estas cuentas se presentaron el 28 de marzo de 2012.

Aríztegui ha negado, por lo tanto, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presionó a las grandes empresas del Ibex-35 para que compraran acciones de Bankia en la salida a Bolsa. Fuentes de algunas de las grandes compañías que acudieron a esta llamada han confirmado a OKDIARIO que en esta operación política de salvamento participó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el propio gobernador del Banco de España, el imputado Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La estrategia de presión gubernamental fue todo un éxito a tenor del respaldo que recibió la entidad financiera entonces presidida por Rodrigo Rato en su Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS), las aseguradora Mapfre y Mutua Madrileña, los bancos Santander, Caixabank, Popular y Sabadell, así como las empresas de infraestructuras ACS y Acciona, junto con otros pesos pesados del Ibex-35, como Iberdrola y Telefónica, pasaron por el aro y adquirieron títulos.

Los departamentos financieros de estas compañías aseguran que el criterio para realizar la inversión fue estrictamente técnico y que sólo descubrieron el error cuando se puso de manifiesto que el folleto presentado por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contenía errores importantes que fueron pasados por alto por el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma.

En el “caso Bankia” que está en manos del juez Andreu en la Audiencia Nacional, los peritos del Banco de España que han testificado han asegurado que algunas de las compras de acciones “eran inexplicables”, ya que se realizaron por empresas que estaban en una situación financiera que no era la más adecuada para invertir en las acciones de la entidad financiera”. Uno de los informes del organismo supervisor ahondaba en esta tesis al desvelar que se produjeron ventas masivas tras la salida a Bolsa “que ponen en duda el interés real” de los compradores.

El único de los presidentes de los pesos pesados del Ibex-35 que se negó fue Francisco González, presidente de BBVA, “seguramente porque el Gobierno socialista hizo todo lo posible para facilitar el fallido asalto de Sacyr, que presentó una OPA hostil al principio de la primera legislatura de Zapatero”, según apuntan fuentes financieras.