La Ley de la Cadena Alimentaria supondrá la desaparición de pequeños agricultores y ganaderos

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 19/12/2021 06:45
  • Actualizado: 19/12/2021 06:45

La reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria entró en vigor el pasado jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el Ministerio de Agricultura, con esta normativa los productores van a ver reforzada su posición negociadora y lograrán «una remuneración digna por su trabajo». No obstante, Milagros Marcos, secretaria nacional de agricultura y despoblación del Partido Popular, explica a este medio que la ley va a suponer «la desaparición de muchos pequeños agricultores y ganaderos, que no tienen capacidad para competir con otras grandes empresas o explotaciones que producen a precios mucho más bajos».

En concreto, dicha ley establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Así, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Al respecto, Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa agroalimentaria Dcoop, asegura: «intentar sujetar los precios prohibiendo a los agricultores y ganadores vender por debajo de los costes de producción (que son individuales) es simplemente imposible».

Sánchez de Puerta matiza que la situación sería diferente si hubiese un coste medio por sector, puesto que supondría «establecer unos precios mínimos». Pero al impedir que los agricultores y ganaderos no pueden vender por debajo de su precio, «aquellos que sean menos competitivos y que tengan mayores costes de producción van a tener mayor dificultad de acceso al mercado».

Por su parte, Milagros Marcos considera que el ministerio «está engañando a los agricultores y ganaderos diciéndoles que la Ley de la Cadena Alimentaria va a resolver el problema de vender por debajo de los precios de producción, puesto que esa no es la realidad».

En este sentido, la secretaria nacional de agricultura y despoblación del PP matiza que, por ejemplo, en España, el 60% del coste de producción de algunos productos corresponde a la energía, cuyo coste se ha incrementado exponencialmente en los últimos meses en el país; mientras que en Francia, donde la principal fuente de energía es la nuclear, los costes se han mantenido y, por lo tanto, los productos agroalimentarios tendrán precios más competitivos.

Ambos coinciden en que la ley supondrá el aumento de importación de productos extranjero a España y que en el país se producirá un gran desperdicio de alimentos, porque se impide la venta a pérdidas. Así, los agricultores y ganaderos no podrán vender por debajo del precio de producción, tendrán que tirar los productos y ni siquiera podrán recuperar parte de la inversión realizada en la producción.

Contratos alimentarios

La Ley establece la obligación de inscripción de contratos alimentarios, que entrará en vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo. Mientras que las obligaciones para las cooperativas u otras entidades asociativas estarán operativas a los seis meses de la puesta en marcha de dicha ley.

Para llevar a cabo las tareas de control para que no se vendan productos por debajo del precio de producción, la ley refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena.

Asimismo, las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.

Por último, la norma contempla sanciones leves, con multas de entre 250 y 3.000 euros; sanciones graves, con multas de entre 3.001 y 100.000 euros, y sanciones muy graves, con multas de entre 100.001 y un millón de euros.