Los inspectores de Hacienda recurren el plan de la ministra Montero y sindicatos de «politizar» el cuerpo

La Asociación de Inspectores de Hacienda presentó la semana pasada un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo alcanzado por la ministra María Jesús Montero y los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF -sin representación en esta clase de funcionarios -para modificar los planes de acceso a los altos cuerpos de la Administración, rebajando notablemente el nivel de las oposiciones y dando paso a su eventual politización.

Según los altos funcionarios, el citado acuerdo contempla una promoción interna basada, principalmente, en un test y en otros elementos subjetivos difícilmente evaluables y medibles, «lo cual es del todo inadecuado para la pertenencia a unos cuerpos administrativos que tienen que ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración, tanto en materias de gestión como de asesoramiento a los órganos políticos sobre los límites técnicos y jurídicos de sus decisiones. En caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de dichas responsabilidades, afectando negativamente a la captación de talento para el servicio público y a la solvencia profesional de sus funcionarios», asegura Julio Ranses, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda.

Según los nuevos planes del Ministerio, los temarios para la promoción interna se reducirán de 80 a 16, se va a suprimir la prueba oral y los exámenes serán de tipo test sin que las respuestas erróneas se tengan en cuenta. «Esto es un auténtico despropósito que convertirá el acceso a la función pública en un coladero, que representa una estafa al ciudadano, que va a pasar a tener como interlocutores a personas no debidamente preparadas -porque se ha decidido justamente el procedimiento contrario para captar talento- y que es una camino claro para politizar también la Administración pública», asegura Ranses.

El malestar entre los altos funcionarios de la Administración del Estado es tal que, por primera vez en la historia, el pasado 14 de diciembre convocaron una concentración ante la sede del Ministerio, en la calle de Alcalá, en señal de protesta y entregaron al mismo tiempo una carta a la señora Montero, mostrando su rechazo enérgico a los nuevos planes del Gobierno en alianza con los sindicatos, que ha sido firmada por 1.500 inspectores fiscales de un total de los 1.800 que componen la plantilla de la Agencia Tributaria y de los 2.000 del conjunto del Departamento.

De momento, la ministra Montero ni ha recibido a los representantes de los inspectores ni ha respondido a la carta presentada, de manera que «pensamos que va a seguir adelante con la estrategia, aunque nosotros confiamos en que el recurso contencioso administrativo prospere porque el acuerdo alcanzado no respeta los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la profesión y creemos que es inconstitucional. Nuestros abogados están convencidos de que ganaremos aunque, como sucede habitualmente con los asuntos legales puestos en manos de la Justicia, esto llevará tiempo», añade Ranses.

La Asociación está barajando en estos momentos otra clase de medidas de presión como realizar una huelga ‘sui géneris’, que sería trabajar a reglamento, así como recurrir todas las convocatorias que salgan de nuevas oposiciones o abstenerse de participar en los tribunales que aprueban a los candidatos, perjudicando la puesta en marcha efectiva del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. «Todavía tenemos confianza en que recuperen la cordura y se echen para atrás», afirma Ranses.

Una vez aprobado por el Gobierno el anteproyecto de ley de la Función Pública, hay que esperar a que sea ratificado por las Cortes, y después a su desarrollo legislativo, que es donde está previsto que se plasme el acuerdo alcanzado entre la ministra Montero y las centrales. En cuanto a la futura ley, el colectivo de inspectores ha emitido una serie de comentarios mostrando su oposición a algunos aspectos. Así por ejemplo, y en relación a la regulación del personal directivo público profesional, que se aplicará a los titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen a éstas, la Asociación considera que «la ley no los reserva con exclusividad a funcionarios de los cuerpos y escalas del grupo A1 (actual cuerpo directivo de la Administración), sino que permite que se recurra a contratos de alta dirección para “fichar” a otras personas, lo que pudiera abrir la puerta a la extensión del componente político en la Administración».

Para los inspectores, esto es un gravísimo error, ya que los intereses generales deben estar defendidos por funcionarios públicos, obligados por el mandato constitucional de servir “con objetividad los intereses comunes” y sometidos a un estatuto y a los principios de mérito y capacidad en el acceso a su puesto, con las correspondientes incompatibilidades e imparcialidad inherentes a su función. «Cualquier desviación de estos principios básicos, introduciendo en las cúpulas directivas de la administración a personas que puedan ser designadas por afinidad ideológica, supondrá introducir el nepotismo y la politización en la función pública», asegura la Asociación.