Los hoteleros comienzan la batalla legal para impugnar el registro de viajeros del Gobierno

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 26/11/2024 09:20
  • Actualizado: 26/11/2024 09:20

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha anunciado este martes que iniciará una batalla legal contra el Real Decreto sobre el registro de viajeros del Gobierno de Sánchez. La entrada en vigor de esta medida está prevista para el próximo 2 de diciembre. La patronal hotelera considera que debe emprender acciones legales a causa de «la falta de respuestas por parte del Gobierno» y al posible impacto negativo que esta normativa tendría sobre el sector y los propios visitantes.

En un comunicado, la patronal de los hoteleros asegura que el Gobierno «ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración», por lo que no les ha dejado más remedio que acudir a los tribunales para tratar de solventar la situación.

«A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación», lamenta la confederación.

Cehat ha alertado sobre el impacto negativo del nuevo reglamento en el sector turístico, destacando que no solo perjudica a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que recurren a hoteles y alojamientos en sus viajes dentro del país: «Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento».

Efectos del registro de viajeros

Además, los hoteleros se quejan de que se verán obligados a cumplir «una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago».

«El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo», critica la patronal. En su opinión, «esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable» para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país.

Desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, Cehat denuncia que no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las aclaraciones prometidas por este Departamento ministerial.

Asimismo, critica que el Gobierno no haya emitido la orden ministerial comprometida para detallar los procedimientos necesarios, dejando a los hoteleros «en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto».

«Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros», ha subrayado Jorge Marichal, presidente de Cehat.

En este sentido, la patronal hotelera está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa «por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas».

La patronal considera que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio «equilibrado y justo» para los establecimientos turísticos.

«España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen», concluye Marichal.

No obstante, la patronal reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa.