Las grandes operadoras temen «costes dramáticos» si el Gobierno les obliga a cambiar los equipos de Huawei

El próximo jueves, se someterá al Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas del 5G, que, de ser convalidado, abriría la puerta a la definición a finales de junio de una lista de proveedores de riesgo, entre ellos, posiblemente, Huawei. Las grandes operadoras del país, que trabajan sin excepción con la compañía tecnológica china, temen «costes dramáticos» derivados de la obligatoriedad de reponer sus equipos.

Los criterios con los que se identificarán a esas compañías responderán a niveles de seguridad y fiabilidad de sus infraestructuras, que son las que se han suministrado en España en los últimos años para el despliegue del 4G y el 5G. De esta forma, los equipos, productos o servicios de esos proveedores no podrán utilizarse en elementos críticos de la red ni en el acceso a estaciones que proporcionen cobertura a centrales nucleares o centros vinculados a la Defensa Nacional o a sectores estratégicos. Todo ello con el objetivo de que España no esté expuesta a injerencias extranjeras, para lo que se valorará también los vínculos de esas empresas y de su cadena de suministro con Gobiernos de terceros países, así como la composición de su capital social, la estructura de sus órganos directivos y la protección de los datos personales.

Y aunque en ningún momento el texto legal cita a China expresamente, «es como si le hubieran hecho un traje a medida», comentan fuentes del sector. Sin embargo, advierten de que la norma no es precisa en sus términos, ya que no dispone si los equipos que finalmente habrá que suplantar pertenecerán a la parte central de los sistemas de comunicaciones o si se refieren a todos los elementos de transmisión, conmutación, transporte de señales, hardware, software, radioenlaces, antenas, etc.

Si bien en ambos casos los costes los asumirán las operadoras, en el último, que supondría levantar todas las infraestructuras, serían inabarcables, apuntan. Y con un peligro añadido: mientras que en el primer escenario el plazo de sustitución es de cinco años, en el segundo es solo de dos. Es decir, mucho mayor gasto y mucho menor tiempo para actuar.

Paralelamente, esto acarrearía una ralentización en el desarrollo del 5G debido a que la inversión se vería socavada porque el sector -con unos recursos limitados en medio de la actual guerra de precios que reduce los ingresos- tendría que hacer frente a esos gastos imprevistos.

Asimismo, plantearía a la industria un dilema tecnológico, dado que la única alternativa para instalar estos equipos sería la multinacional sueca Ericsson, constatan las mismas fuentes. Ni Nokia, que tiene un alcance restringido, ni Samsung, que sólo ha impulsado el plan piloto de una minired de 5G, estarían a la altura de Huawei, añaden.

En cualquier caso, la falta de concreción con la que está articulado el Real Decreto-ley, especialmente en lo que respecta a los equipos que habría que retirar, parece a propósito. «Esto es una carta blanca para que el mes que viene o dentro de un año incluyan a empresas chinas en su lista» si, por ejemplo, el gigante asiático empieza a tomar más partido por Rusia en el conflicto bélico de Ucrania, sostienen.

Inseguridad jurídica

Actualmente, Huawei es el proveedor tecnológico que más implantación tiene entre las principales operadoras en España -Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil-, mientras que la compañía de telecomunicaciones china ZTE también presta servicios a todas ellas, aunque en una menor medida. Según otras fuentes del sector, Huawei es «un proveedor que cualquiera querría tener atendiendo a temas técnicos y tecnológicos» porque «lo hacen bien y están muy adelantados frente a otros». Por eso es un problema que, en general, preocupa a las empresas de telecomunicaciones, aunque tendrá más implicaciones para unas que para otras. Vodafone es el que más exposición tiene a Huawei, así que un veto a la china «le hundiría», afirman.

En resumen, señalan que el Gobierno está «poniendo pegas» a que las operadoras contraten al proveedor que es idóneo para determinados servicios por costes o tecnología, dicen. Y eso significa un bandazo respecto a la postura oficial del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hace menos de dos años. En la cumbre hispano-lusa celebrada en octubre de 2020, aprovechó para alardear de que el 75% del territorio español ya tenía acceso a cobertura 5G «con la ayuda de sociedades como Huawei» y se mostró partidario de diversificar las alianzas con firmas tecnológicas de China. Para el sector, esto arroja «inseguridad jurídica». «Ha cambiado el pie completamente a espaldas de los operadores, como siempre», concluyen fuentes de esta industria.

Por ello, «el Gobierno debe sopesar hasta dónde puede asfixiar a los operadores» si quiere seguir teniendo las mejores redes de Europa, que, al permitir el teletrabajo generalizado, salvaron el funcionamiento de la economía del país en la pandemia, advierten.