El Congreso aprueba las deducciones a la rehabilitación de viviendas pero abre la puerta a las enmiendas
Las ayudas para rehabilitar viviendas están dotadas con un máximo de 5.000 euros pero con requisitos
Los PGE reducen al 40% la bonificación fiscal para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda
Ayuso eleva hasta los 1.200 € anuales la deducción por alquiler de vivienda de los jóvenes
El Pleno del Congreso ha convalidado, sin votos en contra, el Decreto-ley del Gobierno que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Cámara Baja ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación a partir de enmiendas de los grupos.
Para sacarlo adelante, el Gobierno ha contado con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el BNG, el PRC, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP, Vox, UPN y Foro Asturias se han abstenido.
En la defensa del documento, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jimenez, ha destacado que «la rehabilitación y la mejora energética será un factor decisivo de la nueva forma de vivir que queremos que sea más inclusiva, más sostenible e incluso más hermosa». En este sentido, ha puesto de manifiesto que más del 89% de los edificios obtienen muy bajas calificaciones en lo que se refiere a emisiones y consumo energético y ha subrayado que este es «un elemento crucial» para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Durante su intervención, Sánchez Jiménez ha aludido al «largo trecho a recorrer» en materia de eficiencia y ahorro energético, teniendo en cuenta de que más de la mitad de edificios residenciales fue construido antes de 1980, año del primer reglamento de instalaciones térmica de edificios, englobando a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y 10 millones de viviendas principales.
El resultado, ha explicado, es que el 89% de edificios residenciales obtienen muy bajas calificaciones en lo que se refiere a emisiones y consumo energético y ha subrayado que este es «un elemento crucial» para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Respecto a la accesibilidad, ha señalado que el 35% de viviendas en venta en 2020 carecían de ascensor.
Deducciones fiscales
Asimismo, Sánchez Jimenez ha resaltado las deducciones fiscales contempladas en el documento, la primera de ella del 20% hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda, se aplica por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual, según certificado de eficiencia energética de la vivienda.
La segunda deducción alcanza el 40%, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda, por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras ‘A’ o ‘B’ en vivienda habitual. La última bonificación es una deducción del 60%, hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda, por actuaciones que bajo los mismos requisitos pero en edificios residenciales.
El periodo de aplicación de las tres deducciones será desde la entrada en vigor del decreto hasta 31 de diciembre de 2022, debiendo tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual.
Propiedad horizontal y avales
Por otro lado, la ministra ha recordado que el Decreto «viene a modificar otras dos leyes básicas». En primer lugar, la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética en el conjunto del edificio, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para ello.
También refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, a través de una modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de los créditos a la rehabilitación o mejora de los edificios, y así favorecer su acceso a la financiación.
Por último, Sánchez Jimenez ha subrayado que el Decreto-ley contempla la creación de una línea de avales de hasta 1.100 millones, para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Las medidas llegan tarde
Por parte del PP, Ana María Zureta ha lamentado que las medidas llegan «tarde» y que «la mayor inversión en vivienda de todos los tiempos», 2.250 millones de euros, «se quedó en propaganda y fuegos de artificio». Todo por suponer muchos programas, ha lamentado, «una patada hacia adelante» a comunidades y ayuntamientos, que esperaban concreciones para desarrollarlos.
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