Generali defiende que el mayor fabricante de Idiazábal quemó su propia nave para cobrar el seguro

Este viernes se celebran en el juzgado de primera instancia número 1 de Vitoria las conclusiones del juicio de una semana que ha enfrentado a Aldanondo, que asegura ser el mayor fabricante de queso Idiazábal de España, con la aseguradora italiana Generali, a la que los vascos le reclaman más de 40 millones de euros por no haberse hecho cargo de la indemnización por un incendio que se produjo en su fábrica de Salvatierra-Agurain (Álava), en agosto de 2018.

Durante varios días se han ido sucediendo distintos testimonios y pruebas por ambas partes. La tesis defendida por los abogados de Generali Seguros es que «la naturaleza del incendio no es fortuita sino provocada por la propia parte demandante, que vertió gasolina comercial y White Spirit sobre una máquina barredora en carga al objeto de dar apariencia de un cortocircuito accidental», dice textualmente la propia contestación a la demanda previa al juicio.

Generali dice que el incendio se provocó con gasolina y «un líquido que se utiliza para encender barbacoas, aguarrás»

De este modo, Generali señala a su asegurada, Aldanondo, por quemar su propia fábrica para cobrar del seguro. Según los italianos, lo hicieron a través de varios acelerantes de la combustión que un informe encargado al Instituto de Tecnología Química del CSIC de la Universidad Politécnica de Valencia, detectó. El ‘White Spirit’ es «un líquido utilizado para encender barbacoas, aguarrás». Desde la quesera vasca se niega que en ningún momento se quemara la fábrica voluntariamente para cobrar del seguro y se culpa a Generali de llevarles casi a la quiebra al negarse a pagar, y de provocar un ERE en su plantilla al no poder reanudar su actividad.

«Por lo tanto, en dos ocasiones distintas y con diferentes muestras se ha obtenido el mismo resultado concluyente en dos productos muy concretos: gasolina comercial (la que se vende en cualquier gasolinera) y White Spirit (que se obtiene con total facilidad en cualquier supermercado)», asegura el texto legal presentado por los letrados de Generali ante la jueza vitoriana.

En este extracto de la contestación a la demanda de Generali, puede verse como se acusa directamente a Aldanondo, propiedad de la cooperativa navarra Saiona, de «engañar a la Policía Judicial».

Los abogados de Generali mencionan hasta en once ocasiones la palabra ‘engaño’. Según ellos, «todo el sistema contraincendios del que disponía la fábrica se encontraba completamente inutilizado, de tal manera que se anuló toda su función de extinción y control del incendio, así como de dar aviso inmediato a los equipos de extinción. De nuevo, esta inutilización responde a una actuación consciente y voluntaria de Aldanondo, pretendiendo además engaño, ocultando la verdadera situación de la instalación, tanto a la Policía Judicial como a mi representada».

También aseguran que la fábrica alavesa «mintió declarando que disponía de sistema de detección de incendios conectado a compañía de seguridad. Aldanondo conocía del carácter imprescindible de las medidas de protección contra incendios para la suscripción de la póliza, siendo obligatoria su existencia para la contratación y engañó a Generali sobre una cuestión esencial, consiguiendo la contratación del seguro sin adoptar las medidas de seguridad exigidas por la aseguradora».

Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Generali, que han preferido no manifestarse. Cabe recordar que la justicia ya ha rechazado dos veces por vía penal que los gestores de Aldanondo provocaran el incendio en su propia planta.

Declaraciones

En el señalamiento del juzgado de primera instancia 1 de Vitoria se solicitaba la presencia para declarar como testigo de Santiago Villa, el consejero delegado de Generali en España. No obstante, los representantes legales de la aseguradora consiguieron evitar la presencia en la corte vitoriana de Villa, y su cambio por Xavier Monràs, director de Área de Siniestros de Empresas en la multinacional con sede en Trieste.

Monràs negó la existencia de ninguna oferta por parte de Generali a Aldanondo para cerrar el conflicto, tal y como aseguraba la quesera vasca, que manifestaba que les habían ofrecido 15 millones para acabar con el caso, pero que la oferta no se aceptó dado que los daños son muy superiores, casi tres veces más. Durante las jornadas del juicio, un trabajador de la correduría de seguros Ferrer y Ojeda ratificó ante la jueza que Generali sí hizo una oferta de 15 millones de euros para evitar el juicio.

El testimonio de la Ertzaintza

Con respecto a la Ertzaintza, en el juicio la policía autónoma vasca se ratificó íntegramente en su atestado en el que concluye que el siniestro fue fortuito. La policía vasca es uno de los pocos peritos que no son de parte en el juicio, pero desde Generali se asegura que no actuaron con suficiente diligencia.

Sus conclusiones son contrarias a las de otros peritos como los de la Oficina Técnica de Ingenieria Forense liderada por el valenciano Vicente Pons, contratado por la aseguradora. Pons es un conocido forense especializado en incendios, que trabajó en casos conocidos y sonados como el incendio del Edificio Windsor en Madrid, y dio este jueves sus argumentos por los cuales el incendio habría sido provocado.

Como suele ocurrir en estos casos, los peritos de uno y otro lado defendieron las posiciones de las partes interesadas que les contrataron. Este viernes el juicio queda visto para sentencia.