Fondos internacionales se plantean desinvertir en el sector energético español por la incertidumbre regulatoria

La última polémica en torno a la revisión de la retribución que obtienen las empresas dedicadas a la distribución de gas natural ha sido la gota que ha colmado la paciencia de los gestores de fondos de inversión internacionales con posiciones en compañías del sector energético español. Según han trasladado a OKDIARIO fuentes de varias cotizadas del Ibex y confirman los departamentos de análisis, los inversores extranjeros se están planteando toda su estrategia en España por la incertidumbre regulatoria que se está produciendo en nuestro país.

La filtración de la enmienda a la Ley de la Sequía con la que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pretende reducir en 285 millones de euros anuales los ingresos de las distribuidoras de gas ha generado un importante revuelo en el mercado.

De hecho, las empresas energéticas dedicadas al negocio eléctrico y gasista sufrieron otro batacazo en Bolsa este martes y se dejaron más de 1.420 millones de euros en la jornada, con lo que acumulan en dos días unas pérdidas en su capitalización de más de 3.160 millones de euros, lastradas por el ajuste en los ingresos regulados en el que trabaja el Gobierno.

Los servicios de análisis de entidades como Deutsche Bank o JB Capital Markets han emitido este martes sendos informes a sus clientes en los que se critica «el enésimo cambio en las reglas del juego durante el partido» del Gobierno, ya que el actual sistema de retribución fue aprobado en 2014 y está vigente hasta finales de 2020. El Gobierno, escudándose en un supuesto déficit del sistema de transporte de gas, vuelve a cargar contra las empresas, generando incertidumbre regulatoria e inseguridad jurídica.

«Si se confirma el contenido de la enmienda y se aprueba el Gobierno español golpeará uno de los principales pilares del nuevo régimen de remuneración, basado en periodos regulatorios de 6 años, lo cual afectará de forma muy importante a la confianza de los inversores en el sector energético español. En nuestra opinión parece que el Gobierno quiere cambiar las reglas a mitad del partido», señala el informe elaborado por JB Capital Markets.

A este respecto, la firma añade que no considera que la reforma regulatoria tenga justificación desde el punto de vista del equilibrio financiero del sector. Un elemento en lo que coinciden las compañías afectadas, ya que el sistema en realidad no presenta déficit, sino superávit si se excluye de la ecuación el coste del almacen de gas Castor.

El Tribunal Constitucional ha tumbado la indemnización de más de 1.350 millones de euros para las promotoras del citado almacén que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014 que debería cargarse en la factura durante 30 años. Por lo tanto, las empresas afectadas por la enmienda del Gobierno consideran que no se debería incluir el impacto económico de este almacén a la hora de determinar el equilibrio financiero del sistema gasista español.

El sistema está en equilibrio…. sin Castor

En concreto, las cifras que proporciona el Gobierno indican que en 2015 hubo un déficit de 27 millones de euros, un volumen que en 2016 creció hasta los 90 millones, en 2017 bajó a 84,2 millones (este dato lo proporciona la CNMC) y para 2018 el Ejecutivo estima un superávit de 10 millones de euros. Sin embargo, excluyendo los 96,4 millones de euros anuales de déficit extraordinario del almacén de gas Castor (al no ser estructural), el sistema en realidad presenta superávit.

Es más, desde una de las empresas afectadas apuntan a OKDIARIO que en realidad aunque se incluyera el coste del Castor el desequilibrio financiero está dentro del margen que contemplaba el Gobierno cuando realizó la reforma en 2014. «No hay ningún elemento objetivo que justifique este cambio normativo antes de que llegue el final de 2020 y nuestros servicios jurídicos creen que la enmienda, tal como está redactada, no tiene probabilidades reales de ver la luz», señalan las fuentes consultadas.

Por su parte, los analistas de Deutsche Bank cifran en 750 millones de euros el impacto para las empresas de distribución de gas españolas (en términos de merma de ingresos) en 2019 y 2020, una cifra que a los 285 millones de euros anuales añade los 91 millones de reducción que se aplicaría por el factor de eficiencia de las redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamiento subterráneos, que también se contempla en el borrador de enmienda a la Ley de Sequía.

DB: «El Gobierno usa subterfugios legales»

«El Gobierno está intentando justificar los recortes por la existencia de un déficit de tarifa que se situará en 85 millones de euros en 2017. Sin embargo, el sector y todos los fondos de infraestructuras y de venture capital que invierten en este actividad se quejan de que la razón de que exista este déficit es consecuencia de los costes de Castor. (…) Los pagos a Castor han sido definidos como inválidos según el Constitucional (….) y el Gobierno quiere emplear subterfugios legales para realizar los recortes y cambiar las leyes», indica el informe elaborado por el banco germano.

Los analistas de Deutsche Bank concluyen su análisis indicando que «cuando los recortes en la remuneración comienzan a aparecer en la prensa el impacto de la incertidumbre regulatoria y la confianza de los inversores puede ser muy negativo: son malas noticias para todas las compañías españolas del sector de las utilities».

Y es que, como señalan estas dos importantes casa de análisis, el impacto de la inseguridad jurídica puede ser devastador para un mercado tan regulado como el español en el que grandes fondos de inversión están presentes en el capital de las empresas gasistas. De hecho, la negociación que mantiene Repsol con CVC Partners para venderle el 20% que tiene de Gas Natural Fenosa podría verse afectada si se confirma la intención del Ejecutivo de recortar la citada remuneración del transporte un 20,5%.

Según el borrador de enmienda a la Ley de Sequía, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el impacto de los 285 millones de euros de recortes anuales se repartiría de la siguiente manera: el 70,5% para Gas Natural Fenosa, el 13,3% para Naturgas, el 10,2% para Madrileña red de gas y el 4,4% de Redexis. En cuando a lo relativo al factor de eficiencia (con un impacto de 91 millones anuales) el 90% del golpe se lo llevaría Enagás.