Europa abre una investigación al Gobierno por reclamar el ingreso mínimo a madres sin recursos
El Comité Europeo de Derechos Sociales admite la denuncia de miles de afectados por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo a familias sin recursos
Varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez por la mala gestión del ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella de su llamado escudo social. El Comité Europeo de Derechos Humanos ha admitido una denuncia de miles de afectados, representados por ATD Cuarto Mundo, por las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo a familias que la Seguridad Social entiende que han superado el límite de ingresos para ser perceptores de esta prestación y que las deja sin recursos para vivir y con una deuda que no pueden pagar.
El Comité Europeo de Derechos Humanos acepta en su resolución del 15 de mayo, a la que ha tenido acceso este diario, la mayoría de los argumentos utilizados por los afectados -que acusan al Gobierno de incumplir la Carta Social Europea-, señala que el Gobierno no ha dicho nada desde el 4 de junio de 2024 que se presentó la denuncia, como publicó este diario, y le da de plazo hasta el 14 de agosto para responder a la acusación.
Miles de familias se encontraron con que el Gobierno les concedió, incluso sin pedirlo, el ingreso mínimo en 2020, cuando se lanzó, y posteriormente inició el proceso para su devolución cuando en años posteriores coteja los datos de ingresos de la familia con Hacienda y ve que el perceptor en cuestión ha superado los ingresos mínimos exigidos en la ley.
En ese caso inicia el proceso de devolución por cobros indebidos de una prestación, deja a la familia o a la madre en cuestión sin la ayuda y con una deuda que no puede afrontar. El problema es que hay muchos casos en los que la Seguridad Social se equivoca en los ingresos -por no contabilizar los ingresos por manutención del hijo en divorcios, por ejemplo-, y otros en los que reclama la devolución de la ayuda porque el perceptor ha trabajado 15 días en el año, lo que prácticamente obliga a las familias a no buscar trabajo y a depender de la ayuda del Gobierno.
Se trata de casos reales, publicados por este diario, que llevaron a los afectados a unirse y a plantear una denuncia ante Europa contra el Gobierno por incumplir la Carta Social Europea y reclamar, incluso con el 25% de interés, la devolución de la ayuda dejando a familias sin recursos y endeudadas.
El Gobierno ha admitido que ha abierto expedientes de devolución por cobros indebidos a más de 100.000 familias y que el dinero reclamado es de unos 500 millones de euros.
De acuerdo con la resolución del 15 de mayo del Comité Europeo de Derechos Sociales, este organismo acepta la denuncia de los miles de afectados por incumplir el Gobierno los artículos de la Carta Social Europea 13.1, 15.3, 16, 17, 30 y 31.
Estos artículos hacen referencia a garantizar una ayuda a quien no tenga los recursos necesarios (artículo 13.1); promover la plena integración de las familias sin recursos (15.3); el derecho de las familias a la protección social, jurídica y económica (16); derechos de los niños a la protección social, jurídica y económica (17); derecho de las personas contra la pobreza y la exclusión social (30); y el derecho a la vivienda de las personas (31).
ATD Cuarto Mundo solicitó también que el Comité Europeo de Derechos Sociales instara ya al Gobierno español a realizar cambios en la ley para evitar que miles de afectados tengan que acudir a los juzgados para defenderse de las reclamaciones y del pago de intereses del 25%, además de embargos, ante la negativa de la Seguridad Social a aceptar los recursos.
Sin embargo, el Comité rechaza esa petición y da al Gobierno hasta el 14 de agosto para responder a la denuncia. La única española del Comité Europeo que está en el tribunal, Carmen Salcedo, ha emitido en cambio un voto particular exponiendo su voto favorable a que se obligara al Ejecutivo español a hacer ya cambios inmediatos.
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