Bruselas bloquea 626 millones a España tras 25 años de fraude: 200.000 interinos van camino del despido

España se juega no sólo una nueva llamada de atención de Bruselas, sino también el bloqueo de 626 millones de euros en fondos europeos si continúa sin adoptar medidas que, a juicio de los afectados, sancionen de forma efectiva el abuso de la temporalidad en el empleo público.

Más de 50 organizaciones y el despacho Araúz de Robles han reclamado a la Comisión Europea que no conceda a España otros nueve meses para cumplir con la normativa comunitaria, al entender que el retraso prolongará un incumplimiento que sitúan en 25 años y un procedimiento de infracción abierto hace 12 años, desde 2015.

Desde el despacho de Araúz de Robles advierten de que España no puede esperar más y debe incorporar ya su ordenamiento la Directiva 1999/70/CE, la norma comunitaria que obliga a prevenir y sancionar el abuso de relaciones temporales sucesivas.

En este contexto los 25 años aluden al plazo transcurrido desde 2001, fecha en la que España debía haber incorporado plenamente a su ordenamiento la Directiva relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

Insuficiente presión desde Bruselas

Para el despacho, este incumplimiento normativo de largo recorrido explica la situación de precariedad laboral y discriminación que siguen denunciando los empleados públicos temporales e interinos afectados por el abuso.

Si bien el plazo concedido por la Comisión Europea a España expiró el pasado 29 de junio, sin que el Ejecutivo hubiera presentado medidas destinadas a dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones.

Desde el despacho lo tachan de «inaceptable» que el Gobierno lleve 25 años sin cumplir la norma europea que prohíbe la precariedad laboral.

España no necesita más tiempo para diagnosticar el problema, sino voluntad para cumplir con Europa y reparar a quienes han sufrido durante años un abuso estructural de temporalidad. «Conceder una nueva prórroga equivaldría a trasladar a las víctimas el coste de la inacción del Gobierno», señala Javier Araúz, de Araúz de Robles.

Nuevos despidos por cada mes de próroga

El despacho subraya que el problema no es únicamente la prolongación de relaciones temporales abusivas, sino también los ceses que se siguen produciendo como consecuencia de procesos de estabilización que, a su juicio, han estabilizado plazas, pero no han reparado a las personas que las venían ocupando durante años, ni sancionado a las administraciones responsables de estos abusos en la precariedad laboral.

Según la petición remitida a Bruselas, cada mes adicional de prórroga implica nuevos ceses sin indemnización efectiva para empleados públicos con años, e incluso décadas, de servicio.

Araúz advierte además de que una eventual prórroga podría tener un impacto directo sobre miles de trabajadores. «Esta prórroga es dramática, porque en este periodo de tiempo se pueden cesar y despedir a más de 200.000 empleados públicos temporales o interinos, sin que se sancione a las administraciones que han abusado de la temporalidad ni se compense a las víctimas», sostiene.

La falta de una respuesta efectiva también puede tener consecuencias económicas para España. Tanto Araúz de Robles como la coalición Líneas Rojas Innegociables reclaman a Bruselas que mantenga íntegra la suspensión de los 626 millones de euros vinculados al Hito 144 hasta que el Gobierno acredite un cumplimiento real, y no meramente formal, de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

En este sentido, los colectivos piden que cualquier propuesta normativa presentada por España garantice una reparación efectiva para todas las víctimas del abuso, incluidas las ya cesadas; establezca medidas sancionadoras reales frente a las Administraciones responsables; y asegure una aplicación automática, homogénea y sin excepciones en sanidad, educación, justicia y en todas las administraciones en general.

Reunión con la Comisión

Asimismo, solicitan a la Comisión Europea una reunión urgente para trasladar directamente su valoración y conocer la posición de Bruselas ante la prórroga solicitada por el Gobierno.

De no producirse actuaciones acordes con la gravedad y prolongación de las infracciones denunciadas, la coalición advierte de que intensificará sus acciones institucionales, jurídicas, sociales y de movilización en defensa de los derechos de los empleados públicos afectados.

«Bruselas debe decidir si exige a España el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión o tolera sus incumplimientos y permite que el Gobierno gane otros nueve meses mientras siguen produciéndose abuso y ceses», señalan los expertos.

Después 25 años sin cumplir y de más de once años de procedimientos, «una nueva prórroga no sería neutral, ya que supondría prolongar el fraude, perpetuar la precariedad y dejar nuevamente desprotegidas a sus víctimas», concluye Javier Araúz.

Según los cálculos del despacho, la tasa de temporalidad en el sector público ronda actualmente el 32%, lo que supondría cerca de 900.000 empleados públicos temporales. «Detrás de cada trabajador víctima de un abuso hay personas, hijos, cónyuges y familias. La precariedad laboral conlleva también precariedad personal, familiar y social», subraya Araúz.